Víctor Manuel Ramos
Conocí a Don Jaime Rosenthal cuando se postulaba para presidente por parte del Partido Liberal. Por iniciativa de Manuel Gamero nos reunimos en las oficinas de Tiempo en Tegucigalpa. Durante casi una hora me pergeñó las líneas más importantes de su proyecto político centrado, fundamentalmente, en el desarrollo de la base económica del país, con un fuerte componente destinado a la superación de los problemas sociales del país. Hizo énfasis en el impulso del cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la Constitución destinadas a hacer realidad las garantías de salud, vivienda, trabajo, educación, seguridad y muchas otras más.
En ese tiempo yo ya escribía esta columna para Tiempo,y recuerdo que el diario había observado una posición sumamente crítica frente a los bárbaros crímenes en contra de muchos hondureños y extranjeros en Honduras, en aplicación, por parte del Estado, de la doctrina de seguridad nacional, impuesta por el gobierno norteamericano al gobierno de Catrachilandia, condición sumisa que nos valió el mote de portaviones norteamericano y el que nos encaramó Gregorio Selser de “republiqueta alquilada”. Estafeta, con fuertes señalamientos en contra de esa política criminal, se publicó sin problema alguno. La verdad que me impresionó la visión de Don Jaime sobre el país, me gustaron sus propuestas y, sobre todo, la convicción con que expuso sus ideas. Los votos no le favorecieron.
Cuando gobernaba Oswaldo López Arellano, quien arriba a la Jefatura de Estado mediante un golpe de Estado y se consolida tras una elección fraudulenta, el grupo empresarial sampedrano, integrado entre otros por don Jaime, Don Camilo Rivera Girón, Don Edmond Bográn y muchos otros más, encontraban que la política económica de los usurpadores militares era una camisa de fuerza para las aspiraciones de los empresarios del Norte para desarrollar sus negocios e impulsar nuevas inversiones y profundos cambios en la economía de la zona más desarrollada económicamente de Hondura. De estas preocupaciones surgieron, primero La Prensa y después Tiempo.
El momento culminante de esa lucha llegó cuando el gobierno impuso el 3% de impuesto sobre la venta (actualmente ha alcanzado el 15%). Los empresarios del Norte, junto con las organizaciones obreras sindicales se fueron a la huelga. El gobierno reprimió violentamente. Yo, que trabajaba como maestro en la Escuela Esteban Guardiola de La Lima, junto con el profesor Joaquín Portillo, Herminio Deras y otros dirigentes obreros imprimimos las proclamas en el mimeógrafo del Instituto Patria, que fue sustraído por un grupo de obreros porque el establecimiento estaba tomado por los militares. La dirigencia empresarial, incluido Don Jaime, y obrera fueron perseguidos y muchos encarcelados y Diario La Prensa fue clausurado.
Yo personalmente reconozco la incansable dedicación al trabajo y al fortalecimiento de la economía de la Costa Norte por parte de Don Jaime, mediante la creación de numerosísimas empresas en las cueles, muchos miles de Hondureños ha encontrado su medio de sustento diario. Una de esas empresas, Diario Tiempo, ha sido una publicación insignia en la lucha en contra la indignidad, la corrupción y en favor de la democracia y las causas populares.
Las actuales acciones de gobierno de Honduras en contra de las empresas del Grupo Continental, grupo liderado por Don Jaime, se han tomado mediante una flagrante violación de una de las garantías constitucionales fundamentales, la presunción de inocencia mientras no sea, el imputado vencido en juicio. Es más, a Don Jaime y su hijo no se les ha incoado proceso alguno en Honduras como consecuencia de las alegaciones norteamericana.
Lo que sí ha quedado claro, y muy claro, es que el gobierno nacional no goza de independencia para sus acciones judiciales y para hacer cumplir nuestras leyes. Recibe órdenes externas y las cumple, a tal grado que permite que un embajador extranjero presida las sesiones de algunos organismos superiores de nuestro Estado y los personeros de estos organismos acuden a informar, en Washington, para tranquilizar al amo y para que les dé el visto bueno por el cumplimiento de las órdenes y algunas canonjías por los servicios prestados.
Queda por ver si el gobierno de Honduras sigue como mandadero de Washington o protege los intereses de los hondureños.
