Redacción. Entre 2003 y 2008, DMG Grupo Holding S.A. operó en Colombia como una supuesta comercializadora de bienes y servicios mediante tarjetas prepago. La empresa presentó su modelo como una alternativa económica innovadora, pero en realidad ocultó uno de los esquemas Ponzi más grandes del país.
DMG ofreció tarjetas electrónicas a sus clientes, supuestamente canjeables por productos y servicios, y prometió pagos por publicidad, lo que le dio una apariencia de legalidad.
Sin embargo, la empresa sostuvo su operación captando constantemente nuevos inversionistas, cuyos aportes utilizó para pagar a los anteriores. Prometió rendimientos de altos porcentajes en corto tiempo, sin contar con autorización para captar dinero del público.
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Crecimiento
La compañía se expandió internacionalmente y abrió sedes en distintos países. Esta expansión, junto con el colapso de otras pirámides en el país, activó las alertas de los medios y las autoridades financieras.
El 18 de noviembre de 2008, en medio de una crisis financiera nacional, el gobierno colombiano intervino a DMG. Las investigaciones revelaron una red de empresas fachada, hallaron indicios de lavado de activos y detectaron presuntos vínculos con grupos armados ilegales. Luego, los gobiernos de otros países también intervinieron sus sedes.
Las autoridades capturaron a David Murcia Guzmán, fundador de DMG, en Panamá, lo extraditaron a Colombia y lo recluyeron en la cárcel La Picota. En mayo de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 30 años y 8 meses de prisión, además de imponerle una multa millonaria e inhabilitarlo por 20 años para ejercer cargos públicos.
Aunque las autoridades disolvieron a DMG, su legado persistió. La Superintendencia Financiera advirtió sobre nuevos intentos de estafa bajo su nombre.
El caso dejó a miles de víctimas sin sus ahorros y evidenció la urgente necesidad de una mayor regulación financiera y educación económica. Lo que muchos inicialmente vieron como una oportunidad, terminó siendo una estafa.