Redacción. La discriminación y el idioma son las principales barreras que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la Justicia en Honduras, señalaron el martes expertos en un foro en el que reclamaron «justicia» por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en 2016.
En la inauguración en Tegucigalpa del Foro ‘Berta Cáceres y la justicia para los pueblos indígenas’, Ana Samayoa, experta en derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), dijo a EFE que en Honduras hay «muchos obstáculos de carácter estructural» para que los indígenas accedan a la justicia.
«Hay muchos obstáculos de carácter estructural. La centralización de los servicios de justicia, la barrera muchas veces del idioma, que de cierta forma pueden constituir una especie de discriminación estructural», subrayó.
Insistió en la «búsqueda de justicia». También en la veeduría social para conocer los avances del Poder Judicial para garantizar el acceso al sistema de justicia.
Sistema judiciales independientes e imparciales
La experta de la DPLF pidió tener «paciencia y no perder el ánimo» de que la justicia llegará. Aunque para ello, añadió, se necesitan judicaturas «independientes, imparciales y comprometidas con el cumplimiento de la ley».
Destacó que acabar con la impunidad es «una obligación» del Estado a través del fortalecimiento del sistema de justicia para que las investigaciones sean «efectivas». Pero también para que los procesos se lleven a cabo «en plazos razonables», a los responsables los sancionen y se repare a las víctimas.
«Los delitos y violaciones a derechos humanos producen daños en las víctimas que deben ser reparadas», enfatizó Samayoa, tras recordar el «emblemático» caso de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.
Lamentó que las condenas a ocho hombres por el crimen de Cáceres «no se encuentren firmes» y señaló que la demora en la resolución de recursos produce una «justicia inefectiva».
El hondureño Roberto David Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), firma que pretendía construir la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres, fue condenado en 2022 a 22 años y 6 meses de prisión tras declarársele «coautor intelectual» del asesinato de la ambientalista.
En 2019 se condenó 4 de 8 acusados a 34 años de prisión por el crimen de Berta Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros 3 recibieron sentencia de 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
Principales obstáculos
Apolonia Agustín, del Consejo de Pueblos Mayas, coincidió con Samayoa subrayando que la discriminación es uno de los principales obstáculos que enfrentan los indígenas al momento de buscar justicia.
Los indígenas están vistos «de menos» cuando buscan justicia, señaló Agustín. Al mismo tiempo denunció que los pueblos originarios no tienen acceso a sus derechos humanos.
En declaraciones a EFE, la experta guatemalteca indicó que a Berta Cáceres la “callaron por pedir justicia. Pero, sobre todo, por hacer valer los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Cáceres murió a tiros el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza, en el oeste de Honduras, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
Agustín se preguntó: «¿Por qué no han hecho justicia para Berta (Cáceres)?» a 8 años de su crimen.
En el foro participó también Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la ambientalista. En el espacio dijo que en la causa de Berta Cáceres hay una «injerencia indebida» de un grupo económico interesado en la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca. Incluso reclamó «una pronta actuación» del Tribunal Supremo en la confirmación de las condenas.