Redacción. Un nuevo caso de presunta irregularidad en el uso de fondos públicos y privilegios políticos salió a la luz en Honduras, relacionado con un pago irregular a Linda María Ordóñez, presidenta de la ONG Manos a la Obra (AMO) y vinculada al partido Libertad y Refundación (Libre).
Según una investigación de un medio digital local, Ordóñez habría percibido un salario mensual de 71,200 lempiras como funcionaria del Instituto de la Propiedad (IP) sin cumplir con sus responsabilidades, según documentación del IP.
Ordóñez, una de las fundadoras de Libre y expresidenta de Recursos Humanos en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), combinó durante casi un año la presidencia de AMO.
En ese cargo recibió más de 75 millones de lempiras en fondos públicos y cobró un salario estatal mientras permanecía en la planilla del IP sin asistir a trabajar.
El escándalo estalló luego de la llegada, en julio de 2025, del nuevo director del IP, quien detectó la anomalía, suspendió los pagos y abrió un proceso disciplinario contra Ordóñez.
La implicada asegura que renunció en junio, pero, hasta ahora, no existe documentación oficial que respalde esta versión.
Lo más grave del caso es la aparente protección política que recibió para mantener su cargo y cobrar sin cumplir. La situación no fue corregida ni por la junta interventora que supervisaba el IP ni por otros organismos.
De acuerdo con fuentes internas, un diputado suplente habría respaldado públicamente a Ordóñez desde el Congreso Nacional, asegurando que ninguna autoridad se atrevió a removerla.
Actos irregulares
El caso no es aislado. Otra ONG, la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), con sede en La Ceiba, manejó 74.2 millones de lempiras entre 2023 y 2025 mediante un esquema similar, con fondos transferidos por la Secretaría de Gobernación bajo la supervisión de diputados del Congreso.
Esas revelaciones ponen en entredicho la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos destinados a proyectos sociales. Lo anterior resulta especialmente preocupante cuando involucra a personas vinculadas a partidos políticos en el poder.
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Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación que manejan los fondos que deberían apoyar a las comunidades con poco control. Además, parece que existe complicidad política en el manejo.
