Redacción. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, sostuvo este martes una reunión con el fiscal general, Johel Zelaya, en las instalaciones del Ministerio Público (MP). El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones interinstitucionales relacionadas con el caso de Koriun Inversiones.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el titular de la OABI explicó que la reunión tuvo como propósito articular una estrategia conjunta entre instituciones del Estado, orientada a fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una actuación coordinada frente a casos de alto impacto como el de la empresa Koriun.
En relación con esta empresa, señalada por captar recursos sin autorización, Antonio Zelaya indicó que se abrirá un espacio de diálogo interinstitucional para dar seguimiento al proceso de recuperación y devolución de los fondos aportados por los inversionistas que depositaron su confianza en dicha entidad.
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«Por la seguridad de todas las personas que estuvieron a las afueras de las instalaciones donde operaba esta empresa, puedan llevarse su dinero que de buena fe aportaron o invirtieron en esta empresa que lamentablemente operaban al margen de la ley», declaró.
Continuidad
Ante la consulta sobre si Koriun Inversiones continúa operando, el presidente de la OABI dijo que desconoce si la empresa permanece en funcionamiento. Sin embargo, fue enfático al señalar que no cumple con los requisitos establecidos. En este sentido, son señalados por la Ley del Sistema Financiero, de acuerdo con lo determinado por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
“Desconozco si está operando o no. Sin embargo, lo que yo sí le puedo decir es que la CNBS estableció que no cumplía con los artículos 68 y 70 de la ley financiera. Por ende, no puede operar», aseguró.
En este sentido, el director de la OABI subrayó que Koriun Inversiones no cuenta con autorización legal para recibir fondos de la ciudadanía ni con respaldo en depósitos debidamente registrados. Por ello, afirmó que las acciones emprendidas por las autoridades tienen como objetivo garantizar la seguridad jurídica. Además, buscan proteger los recursos de los inversionistas, dado el manejo de altas sumas de dinero.
