“Director de la Policía tiene derecho a saber quién brindó la información a la AP”: CPH

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El CPH además subrayó que en este caso en particular se necesita hacer una profunda investigación, para evitar malos entendidos en un futuro.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Gran revuelo ha causado en la actual cúpula de la Policía Nacional de Honduras, la publicación de un informe confidencial por parte del prestigioso diario internacional The Associated Press (AP).

Semanas atrás la AP publicó el artículo Informe secreto: Jefe de la Policía hondureña ayudó a narco. En el mismo, se denuncian supuestos vínculos del nuevo jefe de la policía nacional de Honduras, José David Aguilar Morán con el ex capo Wilter Blanco.

Ante ello, la el apoderado legal de Aguilar Morán se apersonó al Ministerio Público a interponer un recurso legal para obtener el registro de llamadas telefónicas de un periodista. Esto, para identificar las fuentes que sirvieron para la elaboración del artículo de la AP sobre la presunta corrupción policial en la nación centroamericana.

Sin embargo, el representante legal de la AP en Honduras presentó el jueves anterior; un recurso legal contra el intento de funcionarios policiales hondureños de obtener el registro de llamadas telefónicas.

Además, el listado con los nombres de las personas que presuntamente colaboraron con el medio de comunicación extranjero. Ante ello, Diario Tiempo Digital, le consultó al en torno al tema al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez.

En ese sentido, Rodríguez indicó no estar al día con el caso de la AP y la Policía Nacional. Sin embargo, dijo que Morán Aguilar estaba en su derecho de hacerlo.

No obstante, que la confidencialidad de la fuente es un derecho que nos asiste a los periodistas y no puede ser vulnerado ni por una orden judicial. “AP está en su derecho legal de no entregar la información y no revelar la fuente”, indicó Rodríguez.

“De ser cierta dicha petición del director de la Policía Nacional de querer saber quiénes dieron dicha información, es válida. Además, él –Aguilar Morán- tiene derecho a saber quién le brindó la información a la AP”, manifestó.

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Investigación a fondo

Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH.

El equipo periodístico de Diario Tiempo Digital, le consultó al presidente del CPH si dicha solicitud por querer tener información acerca de los informantes no atentaba contra libertad de prensa, dijo que no.

“La AP no puede exigir que se impida a los uniformados señalados el saber quiénes fueron los informantes. Tampoco, se les puede negar el registro de llamadas telefónicas que piden los apoderados legales”, acotó.

Seguidamente, subrayó que en este caso en particular se necesita hacer una profunda investigación. Esto, para evitar malos entendidos en un  futuro.

“Si recordamos, cuando comenzó la depuración en la Policía Nacional, trascendieron varios documentos que vinculaban a la cúpula policial con actividades ilícitas”, puntualizó Rodríguez.

Por  su parte, la miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional de Honduras, Vilma Morales, aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a la actual cúpula de la fuerza pública.

Esto, con el objetivo de desmentir las revelaciones de la agencia AP sobre vínculos con el narco.

“Todos esos informes están siendo sujetos de una evaluación e investigaciones. Estamos esperando las últimas informaciones inclusive hemos requerido información al Departamento de Justicia; y, los mismos medios de comunicación sin violentar el respeto a la fuente”, expresó Morales.

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Posteriormente, añadió que si logran comprobar que “hay una acto” que mancha la hoja de vida de la oficialidad; se consignará la información para que “se tomen las acciones correspondientes”.

Es por ello que, aconsejó “no dejar el tema en tela de duda”. Además que, se debe investigar las acciones que supuestamente. “Este es un hecho noticioso, lo que nosotros podemos llamar en principio una noticia crimen.

Estamos haciendo la investigación, por eso solicitamos toda la información a toda la institucionalidad pública para poner fehacientemente en el contexto un informe que obedezca a datos oficiales e institucionales”, aseveró la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia.