Redacción. Este martes, el Ministerio Público presentará su acusación formal en la audiencia inicial contra el diputado nacionalista Nelson Márquez y otros implicados en un sonado caso de presunta corrupción, que involucra el supuesto desfalco de más de 3,000 millones de lempiras mediante demandas civiles amañadas contra el Estado de Honduras.
Además de Márquez, en el banquillo de los acusados figuran exfuncionarios del gobierno, exjueces y particulares, todos señalados de haber participado en una estructura que habría manipulado el sistema judicial para beneficiar a empresas privadas a través de resoluciones judiciales irregulares.
Según el expediente en poder del Ministerio Público, la red utilizaba demandas infladas y procedimientos civiles manipulados, que luego los resolvían favorablemente por operadores de justicia implicados. Una de las piezas clave del caso es la exjuez Irisabel Lucía Miranda, quien habría emitido resoluciones determinantes para viabilizar el desvío de recursos públicos.
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Fondos desviados
La acusación detalla que algunos de los contratos origen de las demandas provenían de fondos asignados tras el huracán Mitch. Este dinero terminaba reclamado por varias empresas como parte de procesos judiciales que nunca se fiscalizaron. Estas demandas, según las investigaciones, terminaron en pagos millonarios que perjudicaron directamente al erario nacional.
Nelson Márquez, quien fue viceministro de Desarrollo Social y ahora es diputado, es acusado por su rol como firmante en acuerdos extrajudiciales que, lejos de proteger al Estado, habrían facilitado el fraude. Actualmente guarda prisión preventiva en el Centro Penal de Támara. A él lo acompañan otros imputados como Juan Fernando Madrid Lezama y Raymond Esaú Gradiz, este último un juez civil también implicado en el esquema.
La audiencia de este martes definirá si los señalados enfrentan auto de formal procesamiento con medidas cautelares o si alguno logra sobreseimiento.
