Al parecer el congreso de Estados Unidos de América (EUA) ha acordado 750 millones de dólares para contribuir al financiamiento del Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), reduciendo así en 250 millones de dólares la propuesta del llamado “billón de Obama”, o sea de 1,000 millones de dólares.
El financiamiento total del PAP, de acuerdo con lo programado, es de 5,000 millones de dólares, cuyo 80% sería proporcionado, a prorrata, por los países del Triángulo del Norte centroamericano, o sea El Salvador, Guatemala y Honduras.
Falta saber la disponibilidad real de los fondos del aporte local, por decirlo de alguna manera.
Se tiene entendido que la discusión en la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense sobre esta asignación de EUA al PAP ha sido muy dura, sobre todo en lo que se refiere al manejo de los fondos y a su distribución en los diferentes renglones concernidos en el plan.
El problema de la corrupción administrativa ha sido el asunto principal, así como el tratamiento de la cuestión social vis a vis con el tema de la seguridad, que, de acuerdo con el planteamiento general, esta última se llevaría la mayor tajada, con lo cual lo relacionado con los derechos humanos se convierte en la paja de embalaje.
La iniciativa del PAP, a propuesta del gobierno de Honduras por encargo del BID, surgió del escándalo provocado por la masiva migración de niños no-acompañados de la región centroamericana a EUA. En realidad, el propósito es detener el flujo migratorio del sur hacia el norte, y ése es, precisamente, el fondo de la cuestión. Ha prevalecido en este caso la estrategia de la contención por la vía militar-policial, mediante los mecanismos de la Iniciativa Mérida y la Iniciativa CARSI, en seguimiento del modelo colombiano, que ha resultado en tremendo fracaso en México, en América Central y en Colombia. Su objetivo real, la militarización, el autoritarismo y la “desnacionalización” es, por cierto, su logro evidente.
Sin embargo, la agudización de la pobreza y su consecuencia, la violencia y la criminalidad, independientemente del crimen organizado y el narcotráfico, ha puesto de relieve lo que siempre fue de rotunda lógica: la naturaleza económica y social del fenómeno, materializado en migración que busca seguridad en sus aspectos fundamentales, o sea el empleo, la integridad jurídica y la confianza en el sistema.
De modo tal que la cooperación de EUA al PAP tiene que venir acompañada –y, de hecho, así es—de estrictos condicionamientos para su desembolso y aplicación, lo cual, por lo menos en Honduras, será de muy difícil cumplimiento, diremos casi imposible porque tiene que ver con la corrupción y la impunidad estructural.
De suerte que la tan llevada y traída Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), bajo responsabilidad de la OEA, tendría que pasar a un plano de verdadera coercibilidad para garantizar su supuesto cometido, ya que, como hemos visto, no prosperó la demanda nacional del establecimiento de Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), con el patrocinio y control de Naciones Unidas.
