HONDURAS.Los campesinos de Honduras han demandado una rama del Banco Mundial debido a su financiamiento a la compañía Dinant. Esta tiene grandes plantaciones de aceite de palma en el Valle del Bajo Aguán, en la zona norte del país. Los abogados de los agricultores dicen que ellos están buscando una compensación por los supuestos ataques y matanzas, incluyendo acciones de las fuerzas privadas de seguridad de la compañía.
Los abogados para la ONG EarthRights International (ERI), archivaron el conflicto de los agricultores en una corte de Estados Unidos en Washington D.C., donde el Banco Mundial tiene su sede.
Los demandantes del conflicto son más de 15 individuos. Hay dos clases de acciones por las que se reclama: Una tiene que ver con aproximadamente 200 miembros de la comunidad de Panamá; el segundo son aproximadamente 1,000 personas que están enfocadas en supuestas e injustas adquisiciones de tierra con fines lucrativos en el pasado.
El documento legal con 132 páginas dice que los demandantes buscan compensación por «asesinatos, tortura, asaltos, agresión, infracciones, enriquecimiento injusto y otros actos de agresión». En el fondo explica, que el caso es sobre la entidad del Banco Mundial que «a sabiendas se ha lucrado por el financiamiento de los asesinatos».
El documento describe décadas de violencia pero está enfocado en el período desde el año 2010, cuando ocurrieron «severas muertes» y lo que los abogados de ERI describen como «un modelo de ataques que está en curso».
«Las personas han sido atacadas en sus hogares, en sus jardines, cuando andan en bicicleta, conduciendo sus autos, cultivando sus tierras, afuera de la iglesia», dijeron los abogados de ERI. «La gente ha perdido personas amadas que no podrán ser revividas».
CRUELES ASESINATOS
Los abogados agregaron que algunos de los asesinados han sido padres que ganaban el pan para sus familias. El objetivo de la violencia, dijeron, ha sido «intimidar a los agricultores para afirmar la competencia sobre los derechos de la tierra que Dinant ha querido controlar».
ERI dijo que los demandantes requieren de anonimato debido a las preocupaciones por su seguridad. Una mujer, que se le dio el seudónimo de Juana Doe III, dijo: «Vivimos de nuestras familias y nuestra tierra y ahora estamos alejadas de ellas sin nada. Queremos justicia. Tenemos que avanzar». A su esposo supuestamente le dieron un tiro y lo asesinaron miembros del personal de seguridad de Dinant.
Otro demandante, Juan Doe III, dijo que él es testigo de que los agricultores están siendo sacados de sus casas y golpeados. Él dijo: «Una bala me golpeó, eso sigue afectando mi respiración. Yo no me percaté de que me habían disparado, pero toqué y vi sangre. A otra persona le dispararon a través del estómago.» A él le dieron un disparo y lo hirieron supuestos miembros del personal de seguridad de Dinant, y dijo que nunca se había recuperado completamente.
El conflicto llama como demandados tanto a la Corporación Internacional de Finanzas del Banco Mundial (IFC) y al poseedor de la subsidiaria IFC Corporación de Dirección de Activos (AMC). El equipo legal de ERI dijo que los montos precisos de compensación solicitada serían determinados en la prueba.
La ONG dijo que el conflicto sigue por años. Los agricultores intentan buscar justicia en las cortes de Honduras y a través de políticas de defensa de derechos humanos y protestas. Las quejas también han sido presentadas previamente con el perro guardián de IFC.
SEGUNDA DEMANDA EN SU TIPO
La demanda judicial -el segundo en su tipo en ser presentado ante las cortes de Estados Unidos- sigue un caso documentado en 2015. En ese caso se financió una planta de carbón en India que las comunidades locales dijeron que destruyó su sustento.
En ese caso, la IFC afirmaba «inmunidad absoluta» conforme al Acto de Inmunidades de Organizaciones Internacionales de 1945, un estatuto estadounidense federal. (Eso sucedió antes de que los tribunales de apelación, después de que en un primer juicio, aceptaran la reclamación de inmunidad de la IFC).
No está claro si IFC presentará una defensa similar al caso archivado esta semana, aunque ERI entiende que su co-acusado, IFC AMC, no está cubierto por el Acta 1945 y no pueden reclamar la inmunidad.
El Banco Mundial tiene un mandato en desarrollo y objetivos explícitos para acabar la pobreza global y aumentar la «prosperidad compartida». El Reino Unido es uno de sus más grandes accionistas. El director ejecutivo del Banco en Reino Unido no respondió a la solicitud de comentar para «The Guardian«.
HISTORIA DEL VALLE DEL BAJO AGUÁN
La larga historia del banco en el Valle del Bajo Aguán incluye el soporte para un controversial programa de modernización de tierra en el año 1990, que fue criticado por pavimentar el camino a una larga escala de plantaciones a expensas de una pequeña escala de agricultores.
En 2009 la IFC desembolsó 15 millones de dólares en préstamos para Dinant. El remoto apoyo fue posteriormente próximo en la forma de inversiones indirectas hechas a través de IFC AMC.
Honduras es uno de los países más mortíferos para la defensa de derechos humanos y ambientales. En 2016 un prominente activista del Valle del Bajo Aguán fue asesinado mientras estaba bajo protección policial. Numerosos incidentes han involucrado a fuerzas de seguridad privadas, que a nivel nacional exceden en 5 a 1 a los policías hondureños.
En 2013, el perro guardián del Asesor de Cumplimiento en Defensa del Pueblo de IFC dijo que su apoyo para Dinant falló en seguir la política para proteger a las comunidades locales. «Un plan de acción se estableció, incluyendo requerimientos, para que la compañía adopte nuevos protocolos de seguridad».
Pero el equipo legal de ERI dijo que esto «no resultó ser un remedio ni creíble para los agricultores y sus familiares». En cambio, los abogados de la ONG demandaron que la IFC pareció poner más «el beneficio antes que las personas, en todo momento».
MIGUEL FACUSSÉ
La IFC hace dinero a través de sus inversiones, decir cuánto con precisión, es confuso.
Fundado por el tardío hombre de negocios, la corporación privada Dinant produce alimentos y provisiones limpias. Algunos productos incluyen el aceite de palma ordinario, que son exportados a ultramar.
En su página web, Dinant dice que está comprometido con el desarrollo económico, con una corporación con responsabilidad social y en «crear una imagen de credibilidad».
Un reporte de 2016 dijo que, bajo la dirección de IFC, ha trabajado «en la seguridad de sus instalaciones mientras se compromete pacíficamente con las comunidades locales». Esto ha removido todas las armas de fuego de su personal de seguridad en Honduras.
El reporte dice que «dio la bienvenida a una revisión independiente de sus pasados esfuerzos y procedimientos presentes en la investigación de las alegaciones de abuso de derechos humanos». Agregó que los empleados de Dinant también sufrieron violencia y que «profundamente lamenta las trágicas e innecesarias muertes que ocurrieron en los dos lados».
El documento legal archivado esta semana específicamente supone que «guardias y agentes de seguridad que trabajan para Dinant continúan intimidando y matando hasta este día a miembros de las comunidades y líderes agricultores del Aguán».
LUCRARSE DE LAS TIERRAS
Lo archivado acusa a IFC e IFC-AMC de estar financiando a la compañía por su supuesto «caso omiso del alto riesgo que sus acciones resultarían en serios daños para sus demandantes».
La comunidad de Panamá reclama supuestos «patrones de agresión, que el personal de seguridad de Dinant realiza para intimidar y aterrorizar a los aldeanos».
La segunda clase de demanda tiene que ver con fines lucrativos de la tierra, según se dice, adquirida por «fraude, coacción, amenaza de violencia o violencia real». Eso alega que IFC e IFC-AMC ahora «cosechan las ventajas» de las injusticias históricas.
Respondiendo a la demanda judicial, Kate Geary, el perro guardián del Centro de Información Bancario de Europa, dijo que las comunidades locales en Honduras han sufrido «daños horribles». Ella dijo: «Ya era tiempo de que la IFC fuera obligada a dar respuestas en las cortes por los varios abusos de derechos humanos -no solamente en Honduras, también alrededor del mundo- vinculadas por sus inversiones.»
RESPUESTA DE DINANT
Roger Pineda, el director de relaciones corporativas y bancarias de Dinant, dijo: «Todas las alegaciones con las que Dinant está -o alguna vez ha estado- comprometida por violencia sistemática en contra de los miembros de la comunidad están sin fundamento.»
Pineda dijo que es «absurdo» conectar la compañía con los «altos niveles de inseguridad en el Valle de Aguán; alegando que varias muertes trágicas han ocurrido en la misma región en la cual tenemos tierra.»
Él insistió que Dinant opera «en una justa y legal manera. Y nosotros requerimos lo mismo de todos nuestros contratistas, vendedores y arrendatarios».
Él agregó: «Nos preocupamos profundamente sobre el bienestar de nuestros empleados; los miles de agricultores que suministran nuestras plantas de tratamiento y las comunidades circundantes, como una parte integral.»
Un portavoz de IFC dijo que la institución no comenta el conflicto en curso y responderá a reclamaciones «poquito a poco».
Él agregó: «La IFC está entristecida por la historia de violencia en el Valle del Aguán». Y que está «enfocado en tener clientes que se comprometen en adoptar prácticas sociales y ambientales reconocidas internacionalmente en los más desafiantes de los entornos».
*Este artículo fue reportado con el apoyo del Centro Pulitzer sobre Reporte de Crisis.
Fuente: The Guardian
