Tegucigalpa, Honduras. El Poder Judicial informó en horas de la tarde de este sábado, 19 de octubre de 2024, que dictó sobreseimiento provisional al excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, y a otras tres personas implicadas en el caso de «Sobrevaloración de Percoladoras».
Rubí llegó ayer, viernes, antes de las 7:00 de la mañana, a los juzgados de de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. El exfuncionario era escoltado por agentes penitenciarios y de la Policía Militar.
La audiencia inicial se empezó a desarrollar desde el pasado jueves y se extendió hasta eso de las 11:00 de la noche, reanudándose durante la mañana del viernes. Sin embargo, el juez determinó dar la resolución hasta este sábado.
Este es el segundo sobreseimiento que enfrenta Gabriel Rubí. El primero es por la acusación referente a la compra de los ventiladores mecánicos en marco de la emergencia de la pandemia del Covid-19.
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La investigación
En el caso de las percoladoras, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó el requerimiento el lunes 14 de octubre. La acción fue en contra de exfuncionarios de Copeco, además de representantes legales de empresas de fachada, quienes adquirieron los productos sobrevalorados, todo en contra de la ley.
Los demás acusados en el caso son Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras de Ceopeco; y Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero. A ellos se les supone responsables de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
A la lista le siguen Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas. Así como Junior Alexander Benítez Gonzáles, Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona, ellos acusados por fraude.
Investigaciones apuntan que el esquema de corrupción consistía en que algunos imputados simulaban ser funcionarios de Copeco. Su finalidad era aparentar que las negociaciones eran lícitas con una empresa distribuidora de productos.
Dentro de esa misma red ocultaban las irregularidades y solicitaban que las ventas se facturaran a nombre de empresas de fachada, que compraron los productos por un monto inicial de 7 millones de lempiras.
Sin embargo, luego Copeco, en confabulación con las mismas empresas, sobrevaloraron el costo de los productos y se adquirieron por un precio que supera los 12 millones de lempiras.
La diferencia es de más de cinco millones de lempiras del costo real al pago que realizó a estas empresas. Según la Fiscalía, la red de corrupción estructurada en el ente de emergencia operó aprovechándose de la crisis que estaba atravesando la población hondureña.
