Redacción. Un juez dictó este jueves medidas sustitutivas a la detención judicial contra Denis Emilio Hércules Rosa, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien enfrenta acusaciones por su supuesta participación en un caso de fraude electoral relacionado con la contratación de servicios logísticos durante los comicios primarios del 9 de marzo.
En la audiencia de declaración de imputados, el juez resolvió imponer a Hércules Rosa varias restricciones conforme al Código Procesal Penal. Entre las medidas se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse periódicamente a firmar en los juzgados y la prohibición de ingresar a las instalaciones del CNE.
Además, el imputado ofreció como garantía una fianza hipotecaria sobre un bien inmueble valorado en más de cuatro millones de lempiras.
Según información brindada por la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, la audiencia inicial para Hércules fue fijada para el próximo 21 de agosto a las 9:00 a. m. en los juzgados competentes. Mientras tanto, el 28 de agosto a la misma hora se realizará la audiencia inicial para Carlos Salomón Fonseca, representante legal de la empresa contratada.
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Acusación
La Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE) del Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal y señaló a Hércules como integrante de la Comisión Evaluadora del CNE, quien habría recomendado de forma irregular la contratación de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., encargada del transporte del material electoral en las primarias.
La acusación formal también incluye a otros funcionarios vinculados al proceso de evaluación y contratación: Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del CNE; además de Raúl Amílcar Rivera Montoya, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, todos miembros de la misma comisión.
Los delitos imputados a este grupo son fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Por su parte, Fonseca Robles enfrenta cargos por fraude.
De acuerdo con las investigaciones, la Comisión Evaluadora incurrió en serias omisiones al recomendar a una empresa que no contaba con una flota vehicular registrada. Además, dicha empresa carecía de la idoneidad y capacidad técnica necesarias para garantizar el transporte adecuado y seguro del material electoral.
El contrato adjudicado a Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V. ascendió a 64,789,021.78 lempiras, superando en más de 21 millones el presupuesto originalmente previsto. Dicho contrato fue suscrito apenas dos días antes de los comicios, el 7 de marzo de 2025.
Las autoridades continúan investigando el caso con el objetivo de esclarecer las irregularidades que marcaron los comicios primarios.
