Redacción. Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este domingo detención judicial contra Gustavo Flores Carbajal, administrador de la financiera Koriun Inversiones en Choluteca, tras celebrarse la audiencia de declaración de imputado.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, informó que Flores deberá permanecer en el Centro Penitenciario Nacional de Támara mientras se desarrolla el proceso penal en su contra, cuya audiencia inicial fue programada para el jueves 19 de junio a las 9:00 de la mañana.
Flores enfrenta cargos por el delito de lavado de activos, en el marco de una investigación de gran escala liderada por el Ministerio Público (MP). Las autoridades capturaron al imputado el sábado 14 de junio de 2025 como parte de un operativo que busca desarticular la red financiera declarada como fraudulenta.
De acuerdo con las indagaciones del MP, Flores habría manejado en sus cuentas personales más de 52 millones de lempiras. Esta suma correspondería a aportes realizados por inversionistas de la financiera.
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Acusaciones
Según la acusación, el esquema utilizaba los fondos de nuevos clientes para pagar supuestos intereses a antiguos inversionistas, lo que generaba una apariencia de solvencia y rentabilidad sin respaldo financiero legal, como parte de una estafa tipo Ponzi.
Con la detención de Flores Carbajal, ascienden a cuatro los imputados por su vinculación directa con la empresa, que ha sido señalada por operar de manera irregular y sin el aval de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Previamente, se ejecutó la captura de Iván Velásquez, gerente de Koriun, quien actualmente guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad. También, su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, permanece en prisión domiciliaria debido a su condición de madre lactante.
Asimismo, Marcos Abel Villeda, exgerente legal de la entidad, se encuentra bajo arresto por lavado de activos.
Koriun Inversiones operaba únicamente con un permiso municipal y no estaba registrada como entidad financiera ante los organismos reguladores nacionales. Esto facilitó la estructuración de un esquema fraudulento de grandes proporciones que afectó a miles de hondureños.
La caída del sistema provocó indignación social y manifestaciones en distintas ciudades, por el temor de que las víctimas no recuperen los fondos invertidos.
