Redacción. Elementos de la Policía Nacional capturaron la mañana de este domingo 5 de enero al general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, por suponerlo responsable del asesinato de Isis Obed Murillo en medio de las protestas por el golpe de Estado en 2009.
La detención se dio luego de que el Ministerio Público -a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH)- girará un requerimiento fiscal en su contra y también de otros ex altos mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA): Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez.
Unos minutos más tarde de la publicación del Ministerio Público, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) las tres detenciones: «Las 3 capturas se ejecutaron hace unos instantes por la Policía de Honduras en coordinación con el MP de Honduras en Tegucigalpa y La Paz».
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El apoderado legal del general Romeo Vásquez, Fernando Gonzáles, informó luego de confirmarse la captura que «esto se viene asociado a la crisis política de 2009. El gobierno se va a inventar cualquier situación; esto se afianza más por persecución política y Romeo Vásquez puede volverse como un trofeo. No vamos a permitirlo…».
Los delitos
A los tres exmilitares se les supone responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves en contra de Isis Obed Murillo y Alex Roberto Zavala Licona, ambos hondureños permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Toncontín (Tegucigalpa). Ese día muchos estaban a la espera de que el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) arribará a Honduras.
Muere de Isis Obed
Las investigaciones establecen que Isis Murillo murió luego de recibir un proyectil de arma de fuego en su cabeza. Esto aconteció mientras era parte de una manifestación pacífica en el aeropuerto. Entre tanto, Alex Zavala sufrió lesiones en su cuerpo a consecuencia de los disparos que realizaron los miembros de las FFAA.
Del mismo modo, las indagaciones de parte del ente acusador del Estado establecen que las actuaciones de los militares fueron «brutalmente desproporcionadas» porque dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre contra los ciudadanos.
No fueron actos aislados, añaden las indagaciones, sino crímenes que se ejecutaron por miembros de las FFAA. La situación se produjo bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y director de Operaciones Especiales.
El requerimiento fiscal señala que los altos mandos del Estado Mayor Conjunto de las FFAA son los responsables directos de comandar y planificar el operativo. E inclusive incumplieron con su deber de supervisar y controlar a sus subordinados.
«Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con violencia inhumana y desmedida», cita el requerimiento.
