Redacción. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó este lunes que la Policía Nacional detuvo a Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector de la Tasa de Seguridad en el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.
A través de su cuenta de X, Sánchez dio a conocer que procedieron a detener a Cosenza por tener una orden de extradición pendiente por suponerlo responsable de los delitos de conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y transacciones derivadas de actos criminales.
Además, lo consideran responsable del pago de sobornos para obtener distintos contratos públicos entre 2015 y 2020.
En estos momentos @PoliciaHonduras detiene a Francisco Roberto Cosenza Centeno por orden de extradición pendiente por suponerlo responsable de: 1) Conspiración para cometer lavado de activos; 2) Lavado de activos; 3) transacciones derivados de actos criminales. @XiomaraCastroZ pic.twitter.com/rm9Y6YpqCi
— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) January 8, 2024
El exfuncionario fue solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos (EEUU) en diciembre del 2023.
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Al conocer la orden de extradición en su contra, Cozensa reaccionó sorprendido y negó todas las acusaciones ante medios locales.
De igual manera, argumentó que él solamente era una pieza administrativa durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Además, aseguró que se iba a entregar a las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha esto no había ocurrido.
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Sobornos
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida, acusó recientemente a Cosenza de haber recibido sobornos para beneficiar una firma textil que hizo los uniformes de la Policía Nacional.
Según la investigación de las autoridades estadounidenses, Cosenza y otras dos personas estuvieron involucrados en una red internacional de sobornos. El informe detalla que el exfuncionario del gobierno de JOH facilitó los contratos a la línea textil por un monto de unos 10 millones de dólares.
Finalmente, la Policía Nacional pondrá al extraditable a la orden de los entes de justicia hondureños para continuar con el proceso de extradición. De ser encontrado culpable, el exfuncionario podría recibir una pena de hasta 30 años de prisión en EEUU.