REDACCIÓN. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), informó que la detención de migrantes en la frontera del sur de EE.UU. en marzo pasado aumentó un 25% con respecto a febrero.
Según la oficina fronteriza, las autoridades llevaron a cabo 162,317 detenciones en la frontera suroeste. Es un aumento de más de 30,000 detenciones en comparación a febrero de 2023, ya que los agentes de patrulla fronteriza detuvieron a 130,024 personas.
En tal sentido, la CBP considera que ese aumento «registrado en las detenciones en marzo es típico porque representa el fin del invierno».
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Comparación de capturados
Por su parte, el comisionado interino de CBP, Troy A. Miller, destacó que la cifra de 162,317 detenidos representa un 23 % menos que los 211,181 migrantes capturados en marzo de 2022.
A su vez, señaló que hubo un descenso del 4 % en comparación con marzo de 2021, cuando se tomó custodia de 169,216 migrantes.
Según el reporte, las detenciones de CBP en enero y febrero descendieron luego de que el el Gobierno de Biden expandiera las devoluciones de migrantes de tres países a México. Incluso, se amplió la normativa conocida como «Título 42», disposición que permitía las expulsiones en caliente en la frontera.
Las deportaciones eran de personas provenientes de Nicaragua, Cuba y Haití. Aunque la medida se comenzó a aplicar en octubre del 2022 a migrantes venezolanos.
El análisis estadístico deja entrever que las detenciones de migrantes de los cuatro países en mención, registró el nivel más bajo desde el 2021.
Título 42
Según las autoridades de gobierno, la administración demócrata se estaría preparando para lidiar con el final de la normativa Título 42 el siguiente mes.
Por lo anterior, Miller dijo que CBP continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración e intensificará los esfuerzos para combatir la información errónea de los contrabandistas.
Asimismo, señaló que por mientras, «se preparan para regresar a los procedimientos de deportación acelerados bajo el Título 8, que conllevan consecuencias más estrictas como una prohibición de reingreso de 5 años y un posible proceso penal».