Redacción. El subcomisario de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, confirmó un despliegue operativo en las inmediaciones de Koriun, en Choloma, desde las 5:30 de la mañana de hoy, para frustrar una protesta.
Barahona explicó a Diario Tiempo que la Policía actuó tras detectar una convocatoria en redes sociales que llamaba a una toma de la carretera, debido a la compleja situación que viven los inversionistas de Koriun.
Asimismo, señaló que la convocatoria en redes atraía a personas de Choluteca, Olancho y el occidente del país. Anticipando la posibilidad de que los manifestantes ocuparan la carretera CA-13, la Policía montó un dispositivo de seguridad temprano en la zona.
Este dispositivo incluye la presencia de las unidades Black Mamba y equipos antimotines, listos para intervenir si la situación lo requiriera.
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Hasta las 10 de la mañana, el subcomisario Barahona aseguró que no ha ocurrido ningún incidente y la carretera CA-13 permanece completamente libre. «Es un dispositivo policial preventivo por el tema de Koriun y vamos a estar ahí todo el día», afirmó Barahona, subrayando la intención de mantener la seguridad y el orden público durante toda la jornada.
Crisis de Koriun
Desde el allanamiento inicial por parte del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a finales de abril, la frustración de los afectados ha escalado. Muchos inversionistas exigen la devolución de su dinero. Las protestas a menudo incluyen bloqueos de vías, como los que ya han ocurrido en Choloma y otras localidades.
La situación con Koriun representa un desafío significativo para la estabilidad económica y social. No solo afecta directamente a los miles de ciudadanos que confiaron sus ahorros, sino que también crea un clima de desconfianza en el sistema financiero. El Gobierno de Honduras incluso instruyó el uso de fondos públicos para cubrir parte de las pérdidas, lo que subraya la magnitud del impacto de esta presunta estafa.
Según Marco Antonio Zelaya, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ya devolvieron a los afectados de forma controlada los más de 430 millones de lempiras recuperados inicialmente. Sin embargo, la estafa masiva asciende a más de L3,000 millones.
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