Redacción. La Unidad de Política Limpia (UPL) comenzó este lunes el despliegue de auditores en todo el país con el objetivo de supervisar y fiscalizar los gastos de campaña de los aspirantes a cargos de elección popular en el proceso electoral primario del 9 de marzo de 2025.
El comisionado de la UPL, Emilio Hércules, explicó que el equipo de auditores está realizando inspecciones en diversos municipios y departamentos para verificar y certificar los gastos de los precandidatos a diputados y alcaldes.
«Comenzamos con los despliegues de auditores a lo largo y ancho del país en la concurrencia que manda la misma ley. La finalidad es fiscalizar, auditar y verificar los gastos de campaña que están realizando los diferentes aspirantes. Para ello, la UPL tiene listos los equipos que se encargarán de este proceso», explicó Hércules.
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Supervisión en recta final de campañas
El control de los auditores abarcará diversas actividades políticas, como caravanas, colectas populares y eventos de cierre de campaña. Esta fase de supervisión, según explicó Hércules, es crucial para cuantificar con precisión el gasto de cada aspirante.
«(La supervisión) aplica para todas las actividades, para caravanas, eventos políticos, colectas populares y cierres de campaña. Allí tendrán que estar los auditores para cuantificar el gasto, lo que se suma a los sistemas de monitoreo que ya tenemos activos en radio y televisión», añadió.
Por su parte, el comisionado de la UPL, Vladímir Mendoza, informó que el equipo de trabajo también realiza un monitoreo constante de los medios de comunicación para rastrear la propaganda y publicidad electoral.
«En todos los medios de comunicación tenemos un equipo que supervisa las noticias, la propaganda y la publicidad electoral. Posteriormente, elaboraremos un informe que será enviado al Consejo Nacional Electoral, conforme a lo que establece la ley», expresó.
Con estas acciones, la Unidad de Política Limpia busca garantizar la transparencia en el financiamiento de las campañas, asegurando el cumplimiento de la normativa electoral vigente y promoviendo un proceso equitativo y fiscalizado para todos los aspirantes.
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