AFP. Honduras no está en guerra. Pero como ocurre en los países en conflicto, miles de familias han abandonado sus hogares para escapar de la violencia.
Pandilleros y narcotraficantes las obligan a marcharse para usar sus viviendas como puntos de vigilancia, para vender drogas al menudeo o como «casas locas», lugares de muerte y horror donde cometen los crímenes más perversos.
Las pandillas y narcos mantienen «un minigobierno» en los territorios que controlan, según la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Ombudsman), que tiene una unidad dedicada al «desplazamiento forzado interno».
En 2023, esta oficina recibió 1.761 denuncias por desplazamiento forzado, pero un estudio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) detalló que entre 2004 y 2018 hubo 247.000 casos en Honduras.
«ACNUR está aquí en Honduras trabajando en la prevención y la respuesta (…) al desplazamiento forzado», dice a la AFP la representante de esta agencia, Kathryn Lo.
Explica que ACNUR asiste a las víctimas y asesora al gobierno en la definición de políticas para enfrentar el problema.
La gente huye por las «amenazas, extorsión, el asesinato de un miembro de la familia, el despojo de bienes y propiedades y reclutamiento de niños», explica la jefa de Movilidad Humana de la oficina del Comisionado, Elsy Reyes.
«Les dan incluso términos de 24 horas para que puedan salir», asegura Reyes a la AFP.
No es fácil hablar con desplazados, pues tienen terror de aparecer en los medios.
Casas vacías
Pandilleros y narcos han convertido a Honduras en uno de los países sin guerra más violentos del mundo. También en un territorio con miles de casas abandonadas.
La tasa de homicidios llegó en 2023 a 38 por cada 100.000 habitantes, seis veces más que el promedio mundial. Sin embargo, la cifra ha estado bajando, porque en 2013 eran 79.
El Registro de la Propiedad está haciendo un conteo de los «hogares abandonados», que hasta 2018 eran 50.000, afirma Reyes.
Hace unas semanas, unos pandilleros obligaron a una familia a dejar una casa que alquilaba en Mirador de Oriente, una barriada de clase trabajadora de Tegucigalpa.
La casa desocupada fue rentada nuevamente a una joven pareja, que se mudó con ayuda de tres amigos, el 23 de junio. Sin embargo, al llegar a la vivienda los cinco fueron secuestrados.
Sus cuerpos fueron hallados una semana después en una agreste montaña cercana. Por este crimen, atribuido a la temida pandilla Barrio 18, hay seis sospechosos detenidos.
Huyen del país
Además de los desplazados internos, miles de hondureños se han marchado del país para escapar de la violencia.
«Es un incremento gradual cada año», dice Lo.
Según cifras de ACNUR, en 2014 había 14.305 hondureños «refugiados o solicitantes de asilo» en otros países. En 2023 la cifra saltó a 301.236.
«La mayoría están en Estados Unidos y México», precisa Lo.
Los desplazados internos y quienes buscan refugio en el exterior suman «más de medio millón, dentro de una población de diez millones» de personas, es decir, «el 5% de la población» hondureña, resalta Lo.
«No es fácil de resolver esto», agrega.
Sin embargo, Lo destaca como paso positivo la aprobación en 2023 de la «Ley sobre prevención, protección y atención de personas desplazadas internamente», que estipula «dar alimentación» y «pago de alguna vivienda hasta por seis meses» a las víctimas.
«El Estado también»
Para combatir a las pandillas, las autoridades impusieron en diciembre de 2022 un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
En virtud de esta norma, el gobierno izquierdista de Xiomara Castro ha desplegado a miles de policías y militares en todo el país.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirma que los arrestos de prófugos aumentaron en 85%. Además, que se han decomisado 12.000 armas y detenidos 4.500 miembros de pandillas o cárteles de drogas.
Pero las redadas policiales también estimulan desplazamientos forzados, según la oficina del Ombudsman.
«El estado de excepción ha tenido un fuerte impacto en el desplazamiento forzado. Hemos identificado casos que producto de que han recibido allanamientos constantes de la Policía Nacional, se obliga a tener que abandonar su domicilio», dice Reyes.
Por esto, «el desplazamiento no solamente es causado por los particulares o las estructuras criminales, también es causado por el mismo Estado, incluso por operadores de justicia«, agrega.
