Datos oficiales de México registraban hasta 27.659 personas desaparecidas en el país.
Por ese motivo, el nombramiento de Santiago Corcuera al frente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU generó grandes expectativas.
Sin embargo, el propio Corcuera se encargó de disipar cualquier duda al respecto, aclarando que no podrá intervenir en los asuntos internos de su país.
Las expectativas generadas son «absolutamente erróneas», dijo.
Y para que no queden dudas, al ser consultado sobre si Naciones Unidas quiso destacar la situación de México, respondió: «absolutamente, no».
Esto se debe a una práctica muy común en los distintos comités de la ONU:
Cuando se abordan las problemáticas de un país específico, los representantes del mismo no participan.
Ni en las resoluciones, ni tampoco en las deliberaciones.
El Comité de Desaparición Forzada
A las dificultades ya planteadas para que Corcuera intervenga en la crítica situación de los desaparecidos en su país.
se suma que México no ha ratificado su adhesión al Comité, por lo cual ese organismo no tiene apenas margen para intervenir en el país.
Esta entidad de Naciones Unidas nació luego de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas.
La cual surgió un tratado que entró en vigor en diciembre de 2010.
Hasta el momento lo han firmado 96 países, de los cuales solo 53 son Estado Parte y apenas 32 lo han ratificado.
Asimismo, son únicamente 20 los países que han desarrollado los procedimientos correspondientes.
Que permiten al Comité «recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción.
Que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención». México no se encuentra entre ellos.
Los Derechos Humanos en México
A mediados de octubre, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanosrealizó una serie de recomendaciones al gobierno.
Entre ellas, planteaba la conformación de un consejo asesor de expertos independientes para «revertir la tasa de impunidad imperante» en la nación azteca.
Crear «una oficina especializada para garantizar el castigo efectivo de las violaciones graves de derechos humanos».
Sin embargo, las autoridades solo respondieron señalando que las sugerencias «serán consideradas y atendidas».
Pero aclarando que muchas de ellas «dependen en gran medida de las acciones de los poderes judicial o legislativo, o bien de los estados».
En el mismo sentido, Corcuera hizo una analogía médica:
«Lo que se espera con el paciente, es que no se enoje con el doctor que le está formulando la receta y la recomendación sobre qué medidas debe adoptar para el mejoramiento de su salud».
Fuente: RT
