Redacción. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó ayer jueves dos amplias leyes que endurecen las condiciones de la migración irregular y facilitan en este estado la aplicación de la agenda de deportaciones masivas del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Los proyectos establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos. También implica requisitos de aplicación más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes (el gobernador ya no tendrá poder unilateral para autorizarlos).
Uno de los puntos más polémicos es la imposición automática de la pena de muerte para los indocumentados condenados por crímenes graves. Entre los delitos que abarcan se encuentra el asesinato o abuso sexual infantil.
Expertos señalan que esta medida podría enfrentar desafíos legales. Algunos legisladores demócratas recuerdan que la Corte Suprema de USA estableció hace décadas que las «sentencias obligatorias» sin la discreción del jurado son inconstitucionales.
La Junta Estatal de Control de Migración en Florida
Las leyes, además, contempla la creación de una Junta Estatal de Control de Inmigración. Esta estará compuesta por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado.
La junta coordinará acciones legales y de seguridad con agencias federales y dispondrá de un fondo de 250 millones de dólares para distribuir entre las fuerzas de seguridad locales que ayuden a los esfuerzos federales en este campo, en aras de estimular la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Los textos fijan la creación de nuevos delitos estatales por entrada o reingreso ilegal a Florida. Elevan la conducción sin licencia a un delito grave para inmigrantes indocumentados.
Penas de cárcel
De igual modo, tipifica como delito el ingreso a Florida de indocumentados mayores de 18 años que entran al estado «después de entrar a Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o la inspección de los agentes de inmigración», y estarán sujetos a una pena carcelaria de nueve meses.
Se eliminan las matrículas como residentes de los estudiantes indocumentados en universidades públicas del estado. Todas las oficinas de los alguaciles locales tienen hasta abril para enrolarse en el programa federal 287(g) que concede autoridad a los agentes locales para realizar tareas propias de las agencias federales de inmigración.
«Hoy, la Legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país», dijo DeSantis en una rueda de prensa poco antes de firmar los proyectos de ley, y en la que estuvo acompañado del presidente del senado, Ben Albritton, y el titular de la Cámara Baja estatal, Daniel Pérez.
La firma supone el cierre de semanas de desacuerdos entre DeSantis en Florida y los legisladores estatales, con mayoría republicana en ambas cámaras. Todo se da a raíz de las reformas de migración, las cuales merecieron la convocatoria de hasta tres sesiones especiales.
