Entre los requisitos para el desembolso de los fondos asignados por Estados Unidos de América (EUA) para el Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) están lo concerniente a la depuración de la policía y el respeto a la libertad de expresión, ambas cuestiones vinculadas al amplio tema de la vigencia de los derechos humanos.
En cuanto a Honduras, que, al parecer, le corresponderían algo menos de 250 millones de dólares de dicha asignación de 750 millones de dólares para los tres países del norte centroamericano, el panorama no parece muy claro si se considera la situación real en los dos aspectos señalados, independientemente de la propaganda oficial –indefectiblemente mentirosa– sobre el cumplimiento de tales requisitos.
Las revelaciones de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos, conocedora a profundidad de la corrupción y criminalidad institucional en nuestro país, no deja duda sobre la persistencia del involucramiento de la policía (preventiva y militar) en el crimen organizado, y, en consecuencia, acerca de la lenidad para combatirla.
“Si la policía no identifica las bandas de sicarios –explica la rectora—es porque tiene una inteligencia (investigación) ineficaz, poco profesional. Pero si lo hace y no las capturan, puede ser porque hay temor o porque están coludidas”.
Y agrega, como corolario de mucha preocupación: “Hemos visto las capturas a bandas de sicarios y extorsionadores, (pero) lo que no tenemos claro todavía es si estas capturas están llegando en la escala superior”. Es algo así como aquello de que la serpiente se mata aplastándole la cabeza.
Aunque el gobierno insiste en grandes logros en la reducción de la tasa de homicidios, una de las más altas del mundo, ufanándose de disminuirla en 30 o 40 por ciento, apoyado esto con los aplausos diplomáticos acondicionados, lo cierto es que tales estadísticas son desmentidas por la imparable secuela de matanzas (masacres) semanales y la proliferación de hallazgos de cadáveres “encostalados”.
La rectora indica, de manera bondadosa, que en 2015 la tasa final será de 56 homicidios por cada 100 mil habitantes, en comparación con los 82 homicidios por 100 mil habitantes dos o tres años atrás, pero esas cifras responden a un cuidadoso filtrado que no se corresponde con la realidad, ni tampoco con las mediciones internacionales.
En cuanto a la libertad de expresión, ya se sabe que, como dice el refrán, poderoso caballero es don dinero. El sistema de comunicación hondureño –con las raras excepciones que confirman la regla, en este caso en el campo del periodismo alternativo—está completamente viciado. La orquestación de los medios formales privados es absoluta y forma parte esencial del régimen totalitario instalado en nuestra pobre Honduras.
