Redacción. Shirly Guardado, una hondureña de 27 años y esposa de un sargento del Ejército de Estados Unidos, Ayssac Correa, fue deportada el pasado viernes 30 de mayo a su país natal luego de permanecer varias semanas detenida en el Centro de Procesamiento de Montgomery, Texas.
Guardado llegó a San Pedro Sula a bordo de un vuelo que transportaba a 141 personas retornadas desde EE. UU. A su arribo expresó entre lágrimas a Noticias Telemundo: «No era la manera en que quería llegar a Honduras; además, sin mi hijo y mi esposo, porque ahora ellos no pueden estar conmigo. Me siento triste»
Separada de su esposo y de su hijo de apenas un año, Guardado añadió: «Quiero abrazar a mi esposo e hijo, decirles de frente que los amo con todo mi corazón, ya que son todo para mí».
La joven fue recibida en el aeropuerto por su hermano, quien le llevó un ramo de flores y, tras años sin verse, se dieron un emotivo abrazo. El reencuentro ocurrió en un contexto doloroso, pues el mismo día de su deportación, Guardado cumplía años, convirtiendo la fecha en una de las más tristes de su vida.
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Detención
La deportación ocurrió pese a que la hondureña no tiene antecedentes penales. Fue arrestada el 13 de marzo de 2025 en su lugar de trabajo bajo circunstancias cuestionables: según su esposo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentaron disfrazados de oficiales de tránsito y la detuvieron sin mostrar una orden judicial.
El sargento Correa lamentó la deportación de su esposa. «De verdad siento que nos están fallando, no sólo a los militares, sino también a todas las familias». expresó con indignación.
Además, afirmó que su deseo es reunirse con ella lo antes posible. «Ya decidí que, cuando consiga los permisos necesarios, venderé todo e iré para allá (Honduras)», dijo.
La pareja, que contrajo matrimonio en 2022, avanzaba en el proceso de ajuste migratorio mediante el PIP luego de que Correa la reclamara como cónyuge militar. Guardado ingresó a Estados Unidos sin documentos a los 16 años, pero desde entonces ha mantenido una vida ejemplar, sin infringir la ley.
Su caso ha generado indignación porque Guardado estaba protegida por el Permiso de Libertad Condicional Militar (PIP). Este programa precisamente evita la deportación de familiares inmediatos de militares mientras regularizan su estatus migratorio.
