Tegucigalpa, Honduras. La ministra de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Rixi Moncada, y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz Galeas, denunciaron públicamente la existencia de una red de corrupción que habría condenado al Estado de Honduras a pagar 3 mil millones de lempiras.
En una conferencia de prensa en Casa Presidencial, ambos funcionarios detallaron cómo ocurrió este presunto caso de corrupción, pues «están acostumbrados a asaltar la caja única del Estado a través del Poder Judicial”, según Moncada
«Denunciamos la red de corrupción público-privada que opera en Honduras utilizando el sector justicia, que ha condenado al Estado con una sentencia para pagar 3 mil millones de lempiras», señala el comunicado de la denuncia pública leída por el procurador.
Este monto es producto de una demanda que se desestimó en una Corte Federal de Washington, «que dictó que Honduras tiene inmunidad soberana y no está condenada a pagar”, anunció Díaz Galeas.
Además, el procurador de la República detalló en su intervención que el Ministerio Público deberá «proceder con esta red de corrupción nacional e internacional». Pues esta acción pretendería dejar al Estado de Honduras insolvente y sin cubrir obligaciones de pago que son de planillas de presupuesto.
Sin embargo, «la PGR y la SEFIN asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la caja única del Tesoro para el pago a los corruptos», avisa el comunicado.
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¿Cómo se dieron los hechos?
La denuncia indica que desde el huracán Mitch, ocurrido en 1998, la USAID a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) financió parte de la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno climatológico.
Es por ello que, según la denuncia, a través de una licitación pública internacional se adjudicó a la constructora DRC IN un contrato valorado en 19 millones de dólares. La empresa la representaba el señor Murray Farmer y el dinero era para la ejecución de varias obras.
De igual manera, se especifica que para la ejecución de las obras, la empresa DRC subcontrató a la empresa hondureña constructora Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA).
Sin embargo, la justicia norteamericana intervino el contrato al no permitirse la subcontratación. Es por ello que envió a Honduras a fiscales especiales que ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizarse.
Arbitraje
El documento también señala que en 2007 la empresa DRC IN habría sometido al Estado de Honduras a un proceso «arbitral». Dicho proceso fue ante el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
«Fueron daños y perjuicios que ocasionaron la suspensión del contrato. Dos años después, en 2009, este proceso, sin mediar ley, se trasladó a un centro de conciliación y arbitraje. El mismo lo armaron en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH)«, subraya el documento.
En dicho centro, de forma veloz y valiéndose de las turbulencias políticas y sociales derivadas del golpe de Estado con fecha 7 de septiembre de 2009, de acuerdo a lo que cita el documento se dictó una resolución con laudo internacional. A la vez, y sin tener ninguna facultad, condenaron al Estado a pagar a la empresa DRC IN los supuestos daños y perjuicios por la suspensión del contrato.
«La empresa DRC IN presentó una demanda contra Honduras ante el Tribunal del Distrito Federal en Washington DC. El fundamento fue el que se armó en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), señala. el
Sentencia
Asimismo, destaca que en 2014 la Corte Federal en Washington dictó sentencia, declarando que la República de Honduras no tiene obligación de pagar la deuda de USAID-FIHS y que el país tiene inmunidad soberana.
Tras estos acontecimientos que evidencian las acciones de algunos exfuncionarios en expedientes administrativos y judiciales, en 2020 la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado a pagar a las compañías subcontratadas, Nacional de Ingenieros S.A (NAINSA), agrega la denuncia de la PGR y SEFIN.
En ese momento, a la empresa la representaban los señores Ivis German López y Lily Raudales Villafranca. Los pagos ascendían a 351.1 millones de lempiras por los supuestos daños y perjuicios y otros 42 millones de lempiras por honorarios profesionales como consecuencia de una sesión parcial que hizo la empresa DRC IN.
«NAINSA también demandó por 1,200 millones de lempiras por daños y perjuicios. Esto por un contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y se condenó al Estado a pagarla», destaca la denuncia.
Estado no pagará
Finalmente, la PGR y la SEFIN detallaron que vacarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nuevamente los jueces han condenado a que el pueblo hondureño pague de manera inmediata la demanda.
La acción la coordinan varios bufetes y están presionando por parte de la empresa DRC IN la suma de 2 mil 600 millones de lempiras. El monto es adicional a lo que ya se les pagó a la empresa subcontratada NAINSA.
Asimismo, señalaron que la PGR en su actual administración presentó 44 acciones ante el Sistema de Justicia. Entre ellos, recursos de reposición, apelaciones, oposiciones, nulidades y amparos, entre otros. Lo anterior ante la inspectoría de tribunales, el Ministerio Público, la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Cortes de Apelaciones y la Sala de lo Constitucional.
El resultado de las acciones es que la cuenta única de la SEFIN en el Banco Central de Honduras (BCH), está embargada. Esto por la Corte Suprema de Justicia, por 2 mil 600 millones de lempiras. Lo anterior dejaría insolvente al Estado.
Ante tal escenario, la SEFIN y PGR asumieron no entregar «ni un lempira» para el pago de dichas demandas millonarias. Pues ambas instituciones aseguran que son producto de la corrupción.
