Redacción. El presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, denunció este viernes que continúan las presiones judiciales para favorecer a privados de libertad, en este caso a dos.
«Yo solo quisiera pedirle a los abogados defensores, a los entes de derechos humanos y a las autoridades que tienen que ver con esta temática (…) si yo voy a una institución del Estado, yo tengo que someterme a los procedimientos que esa institución tiene. A veces llegan a los centros penales a atemorizar al director, eso ya pasó de moda en Honduras», señaló Muñoz, a través de Radio Cadena Voces.
En ese contexto, explicó que el INP tiene «la mejor» comunicación con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero que los defensores o autoridades judiciales que van a una cárcel deben de respetar las mismas.
«Con todo el respeto hacia los jueces, si van a un centro penal, no es la Corte, no es su juzgado, es un lugar de extremas medidas de seguridad y hay un director, que es un coronel que tenemos que respetar», externó.
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Presiones a favor de reos
El también jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) mencionó que hay ocasiones «en el que el juez cree que es mi jefe; ningún juez es mi jefe. Yo creo que si coordinamos todo lo que se necesite, se soluciona».
«Yo no estoy a disposición de nadie para ir y cumplir algo solo porque a un privado de libertad se le ocurrió. Dos casos que son una molestia, de dos personas extraditables, que antes me decían que no eran narcotraficantes, pero ahora sí», manifestó Muñoz.
En ese sentido, resaltó que «la ley nos da facultades y también nos restringen, que podemos y que no podemos hacer. Nadie va a doblegar al director por más amenazas que tenga (…) respetemos la institucionalidad de este instituto».
«Hay un caso de un privado de libertad (José Rafael Sosa Méndez) donde me dan 24 horas para que salga. Los responsables de donde esté un preso es el Instituto Nacional Penitenciario; cualquier cosa que se quiera hacer, hagámoslo coordinado, no atemorizando directores», detalló.
Finalmente, dijo que «no le voy a hacer ningún favor (a narcotraficantes), no tengo por qué hacerles favores. La orden es una lucha directa en contra del narcotráfico, por eso todos los narcos que están en los centros penales están en la misma condición (en Támara)».
