Redacción. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha sido denunciado públicamente por ordenar la ejecución de al menos 799 millones de lempiras en proyectos sociales sin contar con facultades legales para ello.
La actuación del titular del Legislativo se dio pese a que la ley establece que esos fondos, provenientes del presupuesto del Poder Ejecutivo, deben ser manejados exclusivamente por instituciones designadas en los decretos correspondientes, sin intervención del Congreso.
Una investigación realizada por un rotativo de circulación nacional revela que, entre 2023 y 2024, Redondo autorizó el uso de fondos destinados a asistencia social, tras recibir solicitudes de 79 diputados (37 propietarios y 42 suplentes), en su mayoría del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre). Esta intervención la han catalogado como una doble ilegalidad, ya que ni Redondo tiene atribuciones para aprobar desembolsos del Ejecutivo, ni los parlamentarios pueden requerirle que lo haga.
Los fondos autorizados por Redondo provienen de dos partidas idénticas en los presupuestos generales de 2023 y 2024, cada una de 950 millones de lempiras, asignadas a obras sociales, infraestructura menor, becas y, en el caso de 2024, construcción de canchas deportivas. Dichos recursos deben ejecutarse por instituciones del Poder Ejecutivo como Sedesol, FHIS, SIT, Gobernación, Educrédito, Fosodeh, Condepor y Copeco, y canalizados a través de la Secretaría de Finanzas, conforme a lo establecido en los decretos 157-2022 y 62-2023.
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«Atribuciones»
Sin embargo, de forma paralela al marco legal, los diputados enviaron cartas al entonces primer secretario del Congreso, Carlos Zelaya, solicitando gestionar fondos para proyectos en sus departamentos. Este, a su vez, remitió los pedidos a Redondo, quien firmó oficios autorizando directamente la ejecución de los proyectos ante las instituciones del Ejecutivo, especialmente Sedesol. En los documentos se lee que “este Poder del Estado autoriza dicha ejecución”, a pesar de que el Congreso no tiene atribución legal para ello.
Los datos sobre la ejecución de estos fondos se obtuvieron por el rotativo mediante una solicitud de información dirigida a Sedesol. La documentación entregada no solo confirma la autorización directa desde el despacho de Redondo, sino que también detalla los montos gestionados por cada legislador. Para el año 2025 se aprobó otra partida de 950 millones de lempiras con fines similares, pero la información relacionada aún no se ha proporcionado.
Además, los fondos gestionados por Redondo no deben confundirse con los que el Congreso Nacional maneja directamente en su presupuesto bajo las líneas de ayuda social, donaciones a asociaciones y aportes a instituciones descentralizadas. Por esta vía, entre enero de 2022 y abril de 2025, el Legislativo ha erogado 632.8 millones de lempiras, sin presentar informes públicos sobre su ejecución.
La práctica actual ha sido comparada con el derogado “Fondo Departamental”, establecido por el decreto 116-2019, el cual permitía transferencias directas para proyectos sociales. Aunque ese mecanismo fue eliminado en agosto de 2023 por su uso discrecional e irregular, sectores críticos señalan que esta nueva modalidad reproduce su esencia, bajo otro nombre.
Distribución partidaria y beneficiarios principales
Del total de 799 millones de lempiras ejecutados por orden del presidente del Congreso, 481.6 millones corresponden al año 2023 y 317.3 millones al 2024. La mayoría se solicitó por diputados del partido Libre (71), aunque también se aprobaron fondos para parlamentarios de la oposición formal como el Partido Liberal (4), el Partido Salvador de Honduras (3 suplentes) y uno del Partido Demócrata Cristiano.
En conjunto, el reparto por partidos fue el siguiente:
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Partido Libre: 761.8 millones de lempiras
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Partido Salvador de Honduras (PSH): 18.6 millones
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Demócrata Cristiano (DC): 13 millones
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Partido Liberal: 5.6 millones
Cabe destacar que los tres diputados del PSH que gestionaron fondos se integraron a Libre en 2024, mientras que varios liberales y democristianos que recibieron autorizaciones habían ya respaldado iniciativas del oficialismo o roto filas con sus bancadas originales. Ningún parlamentario del Partido Nacional figura como beneficiario.
En la mayoría de los casos, cada diputado gestionó 6.5 millones de lempiras por año, totalizando 13 millones. Sin embargo, los miembros de la Junta Directiva del Congreso destacaron por recibir cantidades mucho mayores.
Parlamentarios con mayores fondos gestionados
Siete diputados de Libre, todos con cargos en la Junta Directiva, concentran casi 148 millones de lempiras, cerca de una quinta parte del total autorizado por Redondo:
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Isis Carolina Cuéllar Erazo (Copán): 37.5 millones
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Silvia Bessy Ayala Figueroa (Cortés): 19 millones
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Luz Angélica Smith Mejía (Santa Bárbara): 18.9 millones
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Josué Fabricio Carbajal Sandoval (Valle): 18.9 millones
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Edgardo Antonio Casaña Mejía (Santa Bárbara): 18.9 millones
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Hugo Rolando Noé Pino (Francisco Morazán): 18.9 millones
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Luis Redondo Guifarro (Cortés): 16.5 millones
Sedesol y Gobernación canalizaron la mayoría de estos fondos. En todos los casos, el patrón se repitió: solicitud del diputado al Congreso, intermediación de Carlos Zelaya, y finalmente autorización directa de Redondo a las instituciones del Ejecutivo.
De acuerdo con el marco normativo vigente, el Congreso Nacional no tiene facultades para ordenar el uso de fondos públicos del Ejecutivo. Tampoco para ejecutar directamente programas de asistencia social. Lo ocurrido, según expertos, podría configurar una violación al principio de legalidad y control del gasto público.
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