Redacción. Cinco funcionarios de la administración están siendo acusados de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Se trata de la precandidata y ministra de Defensa, Rixi Moncada; el exministro de Finanzas, Marlon Ochoa; el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado; la exgerente administrativa de la Secretaría de Planificación Estratégica, María Eugenia Maradiaga; y la gerente administrativa de la Secretaría de Planificación Estratégica, Rosy Jaqueline Díaz.
La denuncia, presentada por un organismo contra la corrupción, señala que Moncada, Ochoa y Duarte están vinculados al delito de malversación de caudales públicos. Por su parte, Salgado, Maradiaga y Díaz deberán responder a los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios por los que los responsabilizan.
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El organismo presentó una denuncia sobre la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica. Los fondos indagados están relacionados con el pago de propaganda y publicidad.
El informe de la denuncia detalla que esta institución estatal habría pagado más de un millón de lempiras en publicidad y propaganda en 2022. Por su parte, en 2023 se gastaron más de 162,372,333.30 lempiras. Del mismo modo, la cifra aumentó considerablemente en 2024, alcanzando los 438,251,964.15 lempiras.
Irregularidades
Asimismo, el organismo señaló que se registraron una serie de irregularidades en el proceso de contratación directa. Además, la investigación detalla la inexistencia de acreditación de un único proveedor.
El informe también destacó que la Secretaría de Planificación Estratégica recibió financiamiento externo mediante un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este dinero estaba destinado a financiar el reembolso de anticipos por los fondos derivados de la crisis de los precios de los combustibles.
Sin embargo, se modificó la finalidad de los fondos, de acuerdo a la denuncia. Asimismo, indica que esta acción se llevó a cabo bajo la administración de Rixi Moncada como ministra de Finanzas.
El organismo aseguró que no había autorización por parte del BCIE para cambiar el uso de estos fondos. Además, la investigación señaló que esta secretaría no cuenta con respaldo documental para más de 177 millones de lempiras ejecutados.
Además, el informe detalló que en 2024 se utilizaron fondos de la partida confidencial para gastos de publicidad y propaganda. También se reveló que el entonces ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, autorizó el traslado de más de 39 millones de lempiras. Asimismo, Christian Duarte emitió una resolución para transferir más de 11 millones de lempiras para publicidad y propaganda, de acuerdo a la denuncia.
