SAN PEDRO SULA. La industria azucarera no solo es señalada por prácticas oligopólicas sino también por ser de las mayores aportantes a las campañas políticas en el último proceso de 2017, según denuncias que llegaron a reporteros de TIEMPO TV.
Pero, ¿tiene algo de ilícito que los ingenios azucareros aporten a la política? Posiblemente no, si fuesen empresas que no tuvieran un proceso judicial que les beneficia en millones de lempiras y que está engavetado en los tribunales desde hace una década.
Una serie investigativa de TIEMPO TV encontró que el juicio engavetado mantiene «amarrados» a los entes encargados de fiscalizar la libre competencia y proteger a consumidores. Por esa demanda no pueden nuevamente detener el abuso en la fijación de los precios del azúcar.
En la investigación, también se encontró varios testigos que aseguran que esta industria hizo importantes contribuciones a partidos políticos.
Una fuente de alta credibilidad dijo a los reporteros que tanta protección a esa industria podría relacionarse con que los azucareros fueron de los mayores aportantes a las campañas políticas del último proceso de elección.
Pero como ocurrió cuando trató de constatarse denuncias de alzas injustificadas a los precios, en el tema de las aportaciones a la política, el hermetismo volvió a aparecer.
Después de contactar a la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), su versión evidenció que aunque en 2010 se confirmó que la industria incurrió en prácticas oligopólicas durante 2006-2008, hubo resolución administrativa y al llegar a los tribunales, quedó engavetado; desde entonces, pasaron diez años. En consecuencia, el oligopolio tiene 13 años.
En aras de confirmar o desvirtuar las denuncias, se contactó a la Unidad de Política Limpia (UPL) para obtener respuestas. El 27 de agosto se envió, a través del relacionador público, un documento con cuatro interrogantes sobre el tema.
Sin embargo, los comisionados pidieron que la solicitud de información se realizara mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), un mecanismo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El portal de SIELHO otorga un periodo de diez días para que la institución citada responda las interrogantes. Sin embargo, en el caso de la Unidad de Política Limpia, respondieron una semana después.
¿Hermetismo e intocables? Sí, la UPL ni lo desmintió ni lo confirmó al negarse a brindar información escudándose en que «se encuentra reservada por la protección de datos confidenciales».
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Las preguntas enviadas y las respuestas de la UPL se muestran íntegramente a continuación:
1. ¿Cuándo o en qué situaciones la Unidad de Política Limpia decide investigar o indagar en las aportaciones políticas de una empresa o industria?
«Cada uno de los informes de los gastos presentados por cada proceso electoral deben seguir el procedimiento interno correspondiente y ser revisados por el Departamento de Auditoria, y de acuerdo a los hallazgos que realizan por este Departamento el Pleno tomara las decisiones que correspondan mediante una Resolución Administrativa.
Dentro de dichas Resoluciones puede ser el archivo de las diligencias, citar mediante Secretaria General para que el Sujeto Obligado comparezca a esclarecer los hallazgos realizados, y de encontrarse la posible comisión de algún delito remitir el expediente al Ministerio Público o al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como corresponda el caso.
Y de acuerdo al artículo 65 de la Ley de Financiamiento, Transparencia, y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos ‘FACULTAD DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD’. La unidad, por denuncia o de oficio, tiene la facultad de iniciar investigaciones cuando halle la existencia de operaciones sospechosas.»
2. ¿Tiene la Unidad de Política Limpia los registros de las aportaciones de la industria azucarera (ingenios, APAH y CISA) a las campañas políticas?
«De conformidad al artículo 3 numeral 7 de la Ley de Acceso de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dice: ‘Datos personales confidenciales: Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen’. Y el cual se encuentra relacionado al artículo 42 del Reglamento de la Ley de Acceso de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por Ley la información solicitada se considera reservada, además en apego al artículo 36 de la Ley de Financiamiento, Transparencia, y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos.»
3. Si tienen los registros, ¿quién o quiénes y en qué periodo, para qué partido o candidato aportaron?
«Igualmente esta información se encuentra reservada por la protección de datos confidenciales, como fundamento en los artículos 3 numeral 7 de la Ley de Acceso de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 42 del Reglamento de la Ley de Acceso de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 36 de la Ley de Financiamiento, Transparencia, y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos.»
4. Si su respuesta es no, ¿por qué no guardan estos importantes registros? ¿Qué partido político o movimiento no presentó el informe completo de sus aportantes?
«El 100% de los Partidos Políticos presentaron su informe financiero de gastos de campaña, dicha información fue publicada en el Informe de Gestión 2017-2018 el cual se encuentra en nuestro sitio web utpoliticalimpia.hn.
Al referirse a movimiento, su existencia es únicamente en los procesos electorales internos, y la Unidad por ser de reciente creación, no ha fiscalizado hasta el momento ningún proceso electoral interno.»
Dudas sobre L200 millones usados en campaña
En septiembre de 2018, la UPL extendió un informe donde evidenciaron que de los fondos utilizados en la campaña electoral de 2017, al menos 200 millones de lempiras presentaban inconsistencias.
De L800 millones auditados hasta ese momento, había dudas en la sustentación del origen de L200 millones. Aunque los políticos están obligados a justificar sus gastos de campaña, del 100 % de candidatos, solo el 76 % cumplió.
Además, un aspecto preocupante es que, entre los que no cumplieron, hay 41 candidatos, en su mayoría, ya electos para cargos de alcaldías y diputaciones. Fueron citados, según el comisionado Javier Franco, pero luego no se conoció más del caso.
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Dos de los casos se remitieron al Ministerio Público para que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción investigue.
Más de un año después de presentado el reporte, ¿qué fin tuvo el caso de inconsistencias? ¿Por qué la Unidad de Política Limpia se escuda en que se trata de «INFORMACIÓN RESERVADA»? ¿Los aportes de los azucareros formarán parte de esos L200 millones? ¿Cuándo romperá el silencio el presidente de CISA, Robert Vinelli? O, ¿qué es lo que trata de ocultar?
