Tegucigalpa, Honduras. Un grupo conformado por distintos sectores de la sociedad se presentó este martes 15 de julio ante el Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia contra el consejero Marlon Ochoa.
El grupo, integrado por representantes del Partido Liberal, Partido Nacional, Democracia Cristiana y el movimiento de sociedad civil “Unidos por la Democracia”, acudió al ente acusador para presentar la denuncia por los hechos ocurridos en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al llegar a las instalaciones ubicadas en Tegucigalpa, se encontraron con que el MP se encuentra en período de vacaciones y, tras una espera, fueron remitidos a una fiscalía de turno.
La denuncia también se extiende a los consejeros suplentes Carlos Cardona y Karen Rodríguez. Todos son señalados por delitos como violación de los deberes de funcionario, traición a la patria, delitos electorales y sedición.
Rony Portillo, representante de Unidos por la Democracia, afirmó que los denunciados están atentando contra el proceso electoral.
“Ya estamos cansados de estos políticos de partidos que se quieren comer el país, y no lo vamos a permitir. Exigimos al MP, que es el representante de la defensa del pueblo hondureño, que proceda en contra de aquellos que están atentando contra la democracia”, manifestó.
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Melvin Ceballos
La denuncia interpuesta por el grupo de ciudadanos también incluye al dirigente de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Ceballos.
Nilia Ramos, abogada y exfiscal, afirmó que la intervención de los colectivos que entorpecieron la recepción de ofertas para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el pasado 7 de julio, impulsó la acción.
“Están evitando asistir a las sesiones con argumentos revestidos de falacias, justificando la ausencia y no comparecencia. Luego, los dos consejeros suplentes siguen el mismo guion de Ochoa”, expresó.
Agregó que también se denuncia a “Melvin Ceballos, junto a un grupo de colectivos, interrumpió el proceso que se iba a llevar a cabo ese día para recepcionar las ofertas del TREP”.
Los denunciantes afirmaron que las acciones que retrasan el proceso electoral son constitutivas de delito.
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