En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no esconden su preocupación por el costo elevado del proceso electoral que se avecina, especialmente en relación a las elecciones primarias por ser convocadas en septiembre del año próximo.
El TSE ha informado a la Comisión Legislativa de Presupuesto que, para la realización de las elecciones primarias, se estima un gasto de 1,1000 millones de lempiras, o sea 300 millones más que en 2012, y, además, se necesita un adelanto de 700 millones de lempiras para empezar la etapa electoral primaria.
Un miembro del TSE, Erick Rodríguez, presumiblemente hablando por el todo colegiado, aboga en el sentido de que los partidos políticos se hagan cargo del costo de las elecciones primarias, indudablemente con el propósito de que no se lleven a cabo.
La democracia es muy cara, innecesaria, y lo mejor sería pasarla de lado en procuración del retorno al crudo caciquismo –y al militarismo—de finales del siglo XIX, de las primeras ocho décadas del siglo XX y de los últimos tres lustros del siglo actual. La democracia inclusiva y participativa, todo el mundo lo sabe, no sintoniza con el capitalismo y choca frontalmente con el neoliberalismo.
La propuesta proveniente del TSE de cargar el financiamiento electoral a los partidos políticos puede tener, por supuesto, varias lecturas, todas ellas vinculadas a la consolidación del régimen totalitario. Con el agravante de que, una vez cortada la responsabilidad del Estado, la decisión política queda totalmente incorporada al control corporativo privado, a la plutocracia, como efectivamente sucede en Estados Unidos.
Las imitaciones no siempre son buenas, y, por lo general, resultan contraproducentes cuando los enanos quieren dárselas de gigantes. También, cuando las diferencias ideológicas y culturales no admiten parangón. En nuestro caso, el de Honduras, las copias suelen tener epílogos trágicos, de pobreza, desigualdad social, de despersonalización ciudadana y de disolución de soberanía.
No hay dinero para la democracia, pero sí sobra para las armas y las botas, aunque en Honduras no tenemos fábricas de botas militares ni de armas, misiles y municiones. Tampoco la economía hondureña se sustenta en la industria militar ni en la guerra permanente. Sin embargo, el presupuesto general de la República de 2016 le asigna un aumento del 25% a defensa y un 58% a seguridad.
El ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) indica, además, que, de 2010 a 2016, el presupuesto de defensa ha aumentado un 161%, mientras que el de seguridad se ha duplicado. El presupuesto destinado a salud apenas creció en 38% y el de educación en 11%. Esto tiene que ver –sin traer nada de los cabellos—con los derechos humanos, esencialmente con el verdadero desarrollo democrático.
Asimismo, el congreso nacional ha aprobado un masivo ascenso de oficiales de las fuerzas armadas, lo cual implica una gruesa subida de sueldos y privilegios. Tenemos 43 nuevos coroneles, otro tanto de mayores de infantería y de capitanes de infantería. También habrá más oficialidad cara en la policía militar y un poco menos en la policía preventiva. Más botas, más poder totalitario, menos poder del voto.
