REDACCIÓN. Al menos tres Gobiernos condales y locales de Arizona, Colorado, e Illinois demandaron este viernes al Gobierno del presidente Donald Trump para que les pague 40 millones de dólares (unos 35,8 millones de euros) en fondos aprobados previamente por el Congreso para financiar las operaciones de albergues para migrantes.
La querella legal presentada este viernes por el condado de Pima y las ciudades de Denver y Chicago asegura que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) les adeuda en conjunto 40 millones de dólares por servicios proporcionados a solicitantes de asilo que fueron admitidos y procesados por la Patrulla Fronteriza durante 2024 y 2025.
El presidente de la Junta de Supervisores del condado Pima, Rex Scott, dijo en un comunicado que desde el 2019 el Ejecutivo estadounidense comenzó a otorgar estos fondos a los condados y ciudades para garantizar la salud y la seguridad pública, pero que ahora la Casa Blanca cambió “repentinamente” las reglas de reembolso.
“Como un socio comprometido en esta iniciativa, brindamos servicios de alojamiento de buena fe, confiamos en estos fondos asignados por el Congreso”, subrayó el funcionario.
Los demandantes aseguran en la querella presentada en un tribunal del Distrito Norte de Illinois que por meses el DHS no ha respondido sobre si cumplirán con sus responsabilidades financieras, a pesar de múltiples peticiones.
De acuerdo a documentos judiciales, el gobierno federal ha retenido cerca de 24 millones de dólares en fondos otorgados previamente a Denver. Otros 12 millones a Chicago, y cuatro millones al condado de Pima.
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El dinero hace parte de un fondo de más de 600 millones de dólares. Estos se aprobaron por el Congreso para responder a la crisis migratoria en la frontera.
Para entregar estos recursos la Administración Trump está exigiendo varios requisitos. Entre ellos, los nombres, número de identificación y el destino final de los migrantes que se enviaron a albergues temporales.
La Casa Blanca también ha terminado con los programas de ayuda para financiar los albergues. Por ello, muchos han cerrado sus puertas, entre ellos dos en el sur de Arizona.
