Redacción. Organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras advierten que la violencia contra periodistas continúa en aumento. De acuerdo con reportes recientes, al menos dos comunicadores sociales reciben amenazas de muerte cada semana.
Dina Meza, defensora de derechos humanos, indicó que la situación se ha agravado en los últimos años y que las agresiones provienen incluso desde instituciones del Estado. “Nosotros hacemos un monitoreo semanal de las situaciones que están pasando y al menos dos personas nos reportan amenazas cada semana”, señaló.
Estas declaraciones surgen tras el asesinato de dos periodistas, uno en el departamento de Copán y otro en Olancho, lo que ha generado nuevamente preocupación en el gremio y cuestionamientos al funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección. Esta instancia estatal fue creada para brindar seguridad a periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y activistas ambientales.
Sin embargo, según Meza, varias de las víctimas recientes ya contaban con medidas de protección, lo que pone en entredicho la efectividad del sistema. “Se están matando a las personas que tienen medidas del mecanismo. Eso implica que hay que hacer una revisión exhaustiva de cómo está actuando el Estado”, afirmó.
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Amenaza a periodistas
Entre los casos registrados, también figuran periodistas que han optado por el exilio. Solo en 2023, al menos dos comunicadores salieron del país por amenazas. Otros han abandonado el ejercicio de la profesión o han decidido no denunciar por temor a represalias.
Distintos sectores han señalado que el sistema de protección enfrenta problemas estructurales y falta de voluntad política. Se ha propuesto la creación de una mesa nacional de diálogo que reúna a representantes del Estado, medios de comunicación y organizaciones sociales para diseñar una estrategia integral que garantice la seguridad de los comunicadores.
Desde 2022, organizaciones nacionales han documentado un aumento en la violencia contra la prensa. La falta de investigaciones eficaces y sanciones a los responsables ha contribuido a un clima de impunidad que, según defensores, pone en riesgo la libertad de expresión en el país.
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