TEGUCIGALPA-HONDURAS. Un nuevo recurso de amparo administrativo contra las actuaciones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), y de la Unidad del Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic), se presentó en las últimas horas ante la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La acción fue interpuesta por el abogado Rodolfo Antonio Zamora, apoderado legal de Franklin Erick Toruño Colindres. Uno de los implicados en el sonado caso Pandora que actualmente está prófugo de la justicia.
El togado detalla en el recurso 0523-2018 que la MACCIH-Ufecic señaló a su cliente por el delito de lavado de activos. Lo anterior, durante una conferencia de prensa realizada el pasado 13 de junio del presente año.
Ahí dieron a conocer a los involucrados en el desfalco de más de 282 millones de lempiras. Dinero que fue saqueado de las arcas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de oenegés.
A ese proceso investigativo, la MACCIH-Ufecic lo denominó como el Caso Pandora.
Cabe señalar que la Sala Constitucional da un plazo de tres días para que el apoderado legal formalice el recurso. Así como también corrijan la redacción del escrito formalizado.
Es preciso recordar que en el caso Pandora, la mayoría de los implicados tienen medidas sustitutivas a la prisión.
Asimismo, entre los implicados en dicho caso figuran exfuncionarios, funcionarios, varios diputados nacionalistas y liberales.
De acuerdo a la Ufecic-MACCIH, dicho dinero saqueado de la SAG se utilizó para financiar pasadas campañas políticas.
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Recurso de Amparo
El amparo es una acción o un recurso que tutela los derechos constitucionales del ciudadano. Y, del que conoce un tribunal específico como un Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia (CSJ). O, bien un juez tribunal ordinario, según lo dispuesto en la legislación procesal de cada país.
El amparo cumple una doble función: de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales. Y a la propia Constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos. Ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido. O los derechos fundamentales reconocidos en la constitución.
