Redacción. La defensa legal del diputado Nelson Márquez anunció que presentará un recurso de nulidad y excepción en el proceso judicial que enfrenta su representado, asegurando contar con pruebas sólidas para demostrar la inocencia del legislador.
El abogado Dagoberto Aspra, representante legal del diputado, explicó que los señalamientos en contra de Márquez se basan en hechos anteriores a la edad adulta del diputado y que no existe vínculo entre él y las acusaciones.
“Este proceso tiene antecedentes desde el huracán Mitch, en 1998-1999, cuando el diputado aún estaba cursando el colegio”, indicó Aspra.
Asimismo, destacó que las resoluciones judiciales vinculadas a pagos que se reclaman datan de años posteriores, incluso hasta 2019, y que su defendido no tuvo participación alguna en esos hechos. La defensa presentó pruebas y argumentos para sustentar que Márquez no tiene responsabilidad en el caso.
El abogado también mencionó que, aunque están preparados para presentar la documentación y pruebas correspondientes, el proceso enfrenta demoras debido a que la Corte de Apelaciones aún no ha sido nombrada, lo que podría alargar la audiencia y retrasar la resolución del caso.
“Tenemos una corte pendiente de designación, lo que mantiene incierto el avance de varios procesos. La presidenta de la Corte debe tomar nota y acelerar el nombramiento, especialmente considerando que algunas personas están bajo medidas cautelares restrictivas”, enfatizó Aspra.
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El diputado Nelson Márquez ya se presentó ante los tribunales para el desarrollo de la audiencia. Mientras tanto, su defensa trabaja en la estrategia legal para demostrar su inocencia.
Caso de Nelson Márquez
El diputado del Partido Nacional y subjefe de bancada, Nelson Márquez, está acusado de fraude relacionado con el presunto desfalco de más de tres mil millones de lempiras al Estado.
El legislador enfrenta un proceso judicial impulsado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que también acusa a otros implicados por fraude y falsificación de documentos públicos.
Según el requerimiento fiscal, Márquez habría participado en un esquema de corrupción cuando fue secretario de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS).
El fraude se habría cometido mediante un contrato irregular basado en un laudo arbitral sin validez legal. Esto permitió el desvío de fondos públicos a través de la empresa estadounidense DRC Inc., que no estaba autorizada para operar en Honduras.
El Ministerio Público sostiene que el caso involucra a exfuncionarios, abogados y jueces que actuaron coordinadamente para sustraer los recursos.
Márquez, por su parte, pidió que se respete el debido proceso y afirmó que se mantendrá firme por Honduras. Mientras tanto, la bancada nacionalista ha calificado su captura como “ilegal” y una forma de “extorsión judicial”.
