Redacción. La Policía Nacional a través de sus diferentes direcciones reporta la captura de personas que transportan en sus maletas y vehículos una cantidad considerable de dólares, mayor a la establecida por la ley hondureña.
En las últimas horas, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) informó de la detención de un hombre que transportaba, sin justificación legal, cerca de 16 mil dólares y más de 15 mil lempiras en un cabezal.
La operación se desarrolló durante un operativo en el punto de control fronterizo interno en La Ceibita, Quimistán, Santa Bárbara. Los uniformados procedieron a revisar el cabezal donde se transportaba el detenido, localizando un bolso con varios fajos de dinero en efectivo.

El individuo no justificó con documentos el origen del dinero, por lo que se siguió con el procedimiento que demanda la ley.
Casos recientes
Hace tan solo unos días, en el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua, agentes de la policía de frontera capturaron a una maestra que pretendía salir de Honduras con destino a los Estados Unidos (EE. UU.) con más de 11 mil dólares sin justificar.
Según el reporte, la dama llevaba los fajos de dinero ocultos en el interior de su maleta. Al hacer la revisión, se le pidió el justificante sobre la procedencia del dinero, pero lo que mostró fue una libreta bancaria en la que los movimientos no coincidían con el monto.

Entre tanto, a inicios de julio, agentes de la DNPA detuvieron a Juan Alberto Ortiz, funcionario actual del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. A él lo encontraron en poder de 60 mil dólares en la frontera de El Amatillo, Valle, al sur de Honduras.
Al igual que en los demás casos, no argumentó la procedencia del dinero que pretendía ingresar al territorio hondureño. En este caso, el funcionario se defiende en libertad.

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¿Por qué se decomisa el dinero?
El procedimiento para el control del traslado por las fronteras de dinero en efectivo está establecido en el artículo número 34 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.
La legislación establece que toda persona nacional o extranjera que entre o salga del país a través de las aduanas aéreas, marítimas o terrestres está obligada a presentar la Declaración Jurada Regional de viajero que proporcionada la Administración de Aduanas de Honduras en la que se notifique si transporta o no dinero en efectivo.
Además de las divisas, figuran en estas justificaciones, monederos electrónicos, cheques de viajero o cualquier título valor de convertibilidad inmediata igual o superior a los 10 mil dólares de los Estados Unidos (EE. UU.), o su equivalente en moneda nacional.

En ese sentido, las fuerzas de seguridad están en la obligación de requerir e interrogar a toda aquella persona que lleve más de 10 mil dólares en una maleta, vehículo y otro espacio, sin ningún documento o justificación legal. Esto, porque se podría tratar de fondos provenientes de actividades ilícitas.
¿Por qué la gente mueve así los dólares?
De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, el portador al no justificar la procedencia del dinero, se convierte en un sospechoso de lavado de activos y por ello se debe abrir una investigación en su contra.
La mayor parte de acciones donde los uniformados han detectado estas irregularidades se han desarrollado en la zona fronteriza del sur, oriente y occidente de Honduras.
Entre las hipótesis recurrentes del origen del dinero que se decomisa están:
- Actividades ilícitas relacionadas al lavado de activos
- Narcotráfico
- Actividades ilícitas dentro y fuera del territorio nacional
- Contrabando de productos
- Corrupción (en caso de los funcionarios)
- Remesas no declaradas

Una vez requeridas las personas, a ellas y al dinero, las ponen a la disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) del Ministerio Público. La dependencia evalúa el caso, realiza las indagaciones y procede con un requerimiento fiscal por lavado de activos.
Posteriormente, el caso pasa al Poder Judicial, donde se celebran las respectivas audiencia y es un juez el que determina que sucederá con el imputado. En la mayor parte de los casos, logran continuar con el proceso legal, pero en libertad y con el monitoreo de sus abogados.
¿Qué pasa con el dinero?
El dinero permanece bajo la custodia de la fiscalía, donde se realizan las respectivas investigaciones para determinar si su origen es legal o ilícito.
En caso de que se determine que el dinero proviene de actividades ilícitas se solicita la privación total de dominio desde la fiscalía y el juez determina que se debe confiscar, pasando a propiedad de las arcas del Estado de Honduras.
Los fondos se pueden utilizar para financiar programas sociales o investigación de delitos, según lo establecido en la ley hondureña.
Pero, en el caso de que una persona pueda justificar que el dinero es de origen limpio y lícito, puede solicitar desde sus defensa que se lo devuelvan completo. La determinación está en manos del tribunal que conoció la causa.