Redacción. Un duro golpe a la política migratoria del presidente Joe Biden llegó con la decisión del juez J. Campbell Barker, quien resolvió que la administración «carece de autoridad legal» para implementar el programa conocido como «parole in place».
Este programa, lanzado en junio de 2024, estaba diseñado para beneficiar a unos 500,000 inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Esto, permitiéndoles comenzar el proceso de residencia permanente sin tener que salir del país.
Según la normativa del programa, solo aquellos que lleven al menos 10 años en EE. UU. y que se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024 serían elegibles. Además, de unos 50,000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
En este sentido, la iniciativa fue promovida como una forma de evitar la separación de familias y los largos trámites migratorios en el extranjero.
Sin embargo, el programa había sido suspendido temporalmente en agosto por Barker, tras una demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y un grupo de fiscales republicanos, que argumentaron que el programa fomentaba la inmigración ilegal y violaba las leyes migratorias del país. Aunque el gobierno de Biden había apelado la suspensión, el fallo de este jueves bloquea el programa de forma definitiva.
Ken Paxton celebró la decisión, afirmando que la administración Biden estaba «recompensando a quienes violaron las leyes». Esto, mientras que otros fiscales republicanos, como el de Idaho, Raúl Labrador, elogiaron la medida por frenar lo que consideran un intento de eludir las leyes de inmigración.
La decisión llega en un contexto de creciente tensión migratoria, especialmente con la campaña del presidente electo Donald Trump, quien ha intensificado sus críticas a las políticas de Biden, llamando a frenar lo que denomina una «invasión» de migrantes irregulares. El gobierno de Biden aún podría apelar el fallo.