Internacional. Un juez federal ha declarado ilegal una versión revisada del programa DACA, que protege a cientos de miles de inmigrantes llegados de niños de modo irregular a Estados Unidos. La decisión del juez, del circuito sur de Texas, no afecta a las personas ya inscritas en el programa, pero sí impide que se registren nuevos solicitantes y asesta un duro golpe a la Administración del presidente Joe Biden.
El Gobierno demócrata había introducido esa versión revisada el año pasado precisamente para “preservar y reforzar” el DACA (acrónimo en inglés de Acción Diferida para las Llegadas en la Infancia) e impedir que los republicanos, muy críticos hacia la medida, eliminaran ese programa puesto en marcha en 2012, durante la Administración Obama (2009-2016).
Nueve Estados gobernados por el Partido Republicano, entre ellos Texas, presentaron una demanda para que se bloqueara la provisión. Argumentaban que el Gobierno de Barack Obama no tenía competencia para poner en marcha el programa porque no lo sometió a la aprobación del Congreso.
En 2021, el juez Andrew Hanen determinó que DACA era ilegal porque había incumplido la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a dar un plazo de aviso y en el que el público puede enviar comentarios sobre la nueva norma. La Administración Biden aprobó el año pasado la nueva versión, que sí incluía el plazo para los comentarios públicos.
Pero en enero los Estados presentaron una nueva demanda contra la medida. Hanen, nombrado en su puesto en 2002 por el entonces presidente George W Bush, ha determinado que el programa sigue siendo ilegal. Además que la potestad de aprobar legislación que proteja a los inmigrantes llegados de niños corresponde al Congreso, no al Gobierno.
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Migrantes
A finales de marzo, 578.680 inmigrantes se encontraban inscritos en el programa. El cual les permite residir y trabajar en Estados Unidos, según los datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Aunque llegaron al país siendo menores, muchos de estos beneficiarios, conocidos popularmente como “soñadores” o “dreamers”, ya son adultos.
Los Estados demandantes alegan que son parte perjudicada por la medida. Esto porque les obliga a gastos de cientos de millones de dólares en sanidad, educación y otros servicios a unos inmigrantes en situación irregular.
Los defensores del programa alegan que esos Estados no han probado de manera inequívoca que los gastos que alegan estén relacionados con el DACA o sus beneficiarios. Acerca del argumento de que el Congreso es la máxima autoridad sobre inmigración, reponen que precisamente el Congreso ha dado competencias al Departamento de Seguridad Nacional para establecer políticas migratorias.
Desde su entrada en vigor, DACA ha padecido un frecuente ir y venir en los tribunales. En 2016, los jueces del Supremo no lograron ponerse de acuerdo sobre una versión que hubiera ampliado el programa. En 2020, la máxima corte determinó que la Administración de Donald Trump había cancelado la medida de manera ilícita, por lo que siguió en marcha.
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