Por enésima vez consecutiva Honduras queda fuera de países elegibles para la donación de la Cuenta de Desafío del Milenio (CDM), principalmente por la mala calificación correspondiente al control de la corrupción administrativa, pero también por otros indicadores negativos.
En esta última medición de la CDM se establece que, en términos porcentuales consiguió un 26% y le falta un 24% para alcanzar la meta mínima para acceder al beneficio de una donación de 400 millones de dólares.
Para quitar un poco el mal sabor, queda el señalamiento de que en 2013, último año de la administración Lobo Sosa (N) y en 2014 de la actual, la calificación fue -0.37 puntos, y en 2015 –mediante el malabarismo del paso de país de ingreso bajo a país de ingreso medio bajo—la nota del control de la corrupción es de -0.27 puntos.
También se indica, en ese juego de equilibrios estadísticos, que “lo criticable es que Honduras había reprobado en 10 de los 20 indicadores establecidos y ahora, en 2015, falló en 11 del total. Váyase lo uno por lo otro, diría el chusco, pues al final de la cuenta, a Honduras le queda siempre la consolación del Programa Umbral, con un piscolabis 15,2 millones de dólares para política fiscal y de contratación.
A veces resulta aburrido el tema la CDM, tanto por sus resultados similares año con año, pero también porque se trata de un instrumento basado en encuestas de percepción, lo cual se presta a lo que dan en llamar “el inmenso mar de las interpretaciones” tan del gusto de la manipulación política.
O, si se quiere, figurándolo con el clásico sarcasmo del burro tras la zanahoria. Las mejores calificaciones de Honduras, fijémonos bien, son en salud de los niños (85,5 equivalente a 54%), acceso al crédito (84, equivalente a 100%) y derechos políticos (20, equivalente a 33%). Eso quiere decir que hay menos niños que se acuestan diariamente sin comer y hay suficiente crédito para las “mipymes”. De derechos políticos, ¡ni hablar!
El gobierno bate palmas y dice que Estados Unidos reconoce el avance de la lucha contra la corrupción, refiriéndose, sin duda, al latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (INJUPEMP), de la Secretaría de Salud, como parte troncal de una larga cola.
El embajador Nealon, de Estados Unidos, trata de mitigar el impacto al gobierno: “Honduras –dice—continúa pagando la cuenta de decisiones presupuestarias y de política de años anteriores”.
Esperemos, sin embargo, que eso sirva para apoyar la aprobación del “billón de Obama” para el Programa Alianza para la Prosperidad… y todo lo que eso significa para los gobiernos de los países del Triángulo Norte centroamericano.
