Redacción. Un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó auto de formal procesamiento, pero con medidas distintas a la prisión a David Chávez Madison, acusado de delitos en perjuicio del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
La acción se le otorgó tras el desarrollo de la audiencia inicial en los juzgados de la capital hondureña. El espacio procesal estaba agendado para semanas anteriores, pero se suspendió en tres ocasiones.
Durante la audiencia, se evacuaron 22 medios de prueba documentales que ofertó el Ministerio Público (MP). Entre tanto, la defensa técnica del acusado demostró ocho.
A Chávez, quien retornó a Honduras el pasado mes de febrero luego de que se revocara la orden de captura en su contra, se le acusa y se le sigue un proceso judicial por suponerlo responsable de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
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Las medidas diferentes a la prisión que se le aplicaron a Chávez Madison son las estipuladas en el artículo 173 del Código Penal:
- Prohibición de salir del país
- Presentación periódica al órgano judicial
- Prohibición de acercarse a determinadas personas o lugares
- Permanecer bajo la supervisión de su defensa
La audiencia preliminar en la causa quedó programada para el próximo 24 de junio del presente año, a las 9:30 de la mañana, sin perjuicio de que alguna de las partes procesales interponga un recurso de apelación.
¿De dónde surge la acusación?
El 28 de noviembre de 2023, un juez de Letras emitió una orden de captura contra Chávez por suponerlo responsable de actos relacionados con la corrupción durante su gestión como director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) (2012-2013) y en el Sistema Nacional de Emergencia 911.
Pese a que se desestimó la orden de captura el 10 de diciembre del 2024, el Poder Judicial refirió que las investigaciones en contra del político hondureño continuaban vigentes.
Ambos casos que se le imputan están relacionados con tecnología en seguridad, que incluyen irregularidades en los contratos. El costo del software en mención superó los 75.8 millones de lempiras, con una sobrevaloración de 21.9 millones.
Los software nunca se instalaron en las sedes del Infop de Catacamas, Puerto Lempira y San Pedro Sula. En el requerimiento también están acusados Ángel Aguiriano, Magaly Bustillo, José Antonio Elvir, Mario Alejandro Calderón, Óscar Antonio Castro y Manuel Castillo.
