Tegucigalpa, Honduras. El exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y actual diputado al Congreso Nacional, David Chávez Madison, avaló y autorizó la supuesta compra irregular de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el centro de formación en Catacamas, Olancho, cuyo monto presuntamente se sobrevaloró en 21.9 millones de lempiras.
Documentos en poder del Ministerio Público (MP) revelan nuevos elementos en relación con la adquisición de suministros para la provisión.
Asimismo, con la instalación, configuración y capacitación de equipos de software. También, servicios para este centro de entrenamiento que fue adjudicado a la empresa Grupo Visión S. de R. L.
Este caso fue denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en 2015 ante el Ministerio Público. La transacción, de acuerdo con el expediente que se investiga, se materializó en enero de 2013. Esto, a un costo de Lps. 75.8 millones libre de impuestos.
No obstante, documentos establecen que en la compra hubo presuntos vicios de irregularidad. Eso, durante la adjudicación del proyecto, señala la denuncia.
Un equipo especializado en investigación financiera del CNA, indica el expediente, logró comparar precios de mercado. Por lo que concluyó que en el equipo adquirido en Europa y Estados Unidos hubo una sobrevaloración de Lps. 21.9 millones.
Un medio local tuvo acceso a los documentos mediante los cuales Chávez Madison autorizó la transacción. Entre ellos, la resolución número 13-2012 por medio de la cual nombra la comisión evaluadora del proceso licitatorio presidida por José Olivio Rodríguez.
En ese sentido, Rodríguez, era entonces secretario general de INFOP y actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esta comisión, además, estuvo integrada por Ángel Armando Aguiriano, jefe de Departamento Administrativo y Financiero; José Antonio Elvir, jefe del Departamento de Acciones Formativas; Otilia Pinto, coordinadora de la Unidad de Sistemas y Procedimientos, y Magaly Bustillo, de la Asesoría Legal de Infop.
Todos los anteriores se encuentran denunciados ante el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad. También, por malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios al autorizar la compra calificada de irregular por el CNA.
En septiembre de 2011, David Chávez Madison, exdirector de Infop, conformó una delegación para evaluar el uso de las instalaciones del Centro Regional INFOP de Catacamas.
Días después, la comisión recomendó mejorar la capacitación en las áreas de mecánica automotriz, turismo y electricidad. Asimismo construcción civil, estructuras metálicas, pintura automotriz, inglés, cocina y repostería.
Con base en lo anterior, el 5 de diciembre de 2011 y mediante resolución número CD-195-2011, el Consejo Directivo del INFOP autorizó a Chávez Madison a hacer los trámites. A fin de elaborar las bases de licitación pública internacional para la adquisición de todo el equipamiento.
Posteriormente, el 12 de julio de 2012, el Concejo Directivo, presidido en aquel momento por Carlos Montes Rodríguez, exviceministro de Trabajo, uno de los acusados por el descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), emitió resolución autorizando a Chávez Madison.
En ese sentido, para que solicitara al Congreso Nacional la disponibilidad de 80 millones de lempiras del presupuesto de la institución para reorientarlos a la compra del equipo.
El 3 de noviembre, el Poder Legislativo emitió el decreto número 125-2012. Mediante el cual se autorizó una ampliación del presupuesto del INFOP por Lps. 86.1 millones.
Veintisiete días después, el 30 de noviembre de 2012, la Dirección Ejecutiva del INFOP emitió la resolución 13-2014. En la cual nombra a la comisión evaluadora para el proceso de licitación pública, integrada por los funcionarios antes mencionados.
Durante el proceso retiraron las bases de licitación las compañías Eductrade, Grupo Visión, Lufergo, Hondutec, GMAS y Comercial Médica Industrial.
Solamente presentó oferta la empresa Grupo Visión. Sin embargo, la mayoría de los oferentes se retiraron del proceso. Por lo anterior, la licitación debió declararse fracasada, señala el expediente del caso; pero se le adjudicó a Grupo Visión, violentando con ello la Ley de Contratación del Estado, indica la denuncia.
Una nueva línea de investigación del CNA establece que el INFOP presuntamente utilizó una dispensa. Eso, para importar directamente una parte del equipo sin el pago de impuestos.
Luego este mismo equipo, valorado en unos 900 mil euros (26 millones de lempiras), fue el que Grupo Visión le vendió al instituto como parte del contrato global.
Los investigadores, señala el expediente, lograron identificar la Declaración Única Aduanera (DUA); la cual se presentó por el entonces director legal del INFOP, Alejandro Calderón, ante la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para gestionar la importación del producto libre de impuestos.
El CNA señala que constató esta operación ilegal al obtener de la empresa alemana las facturas de los insumos que directamente le vendió a INFOP.
Otro de los hallazgos relevantes es una nota en poder de los investigadores de una empresa extranjera que retiró las bases de licitación. Pero no presentó ofertas porque las bases se basaban en la adquisición de equipo para automóviles europeos BMW, Audi y Mercedes Benz de 2011 en adelante.
No son de uso común en Olancho, ya que la mayoría de la flota vehicular de la zona es coreana o japonesa. Además, todos los sistemas que se compraron son basados en simulación computarizada. Algo que ha fracasado en varios países latinos, incluyendo Argentina; que sí tiene una población de automóviles de ese tipo, argumentó la empresa extranjera en la carta.
Ampliación
Otro hallazgo fue la ampliación del contrato suscrito entre INFOP y Grupo Visión por Lps. 985,190 que al final disparó el valor global de la contratación a Lps. 76.8 millones.
Según consta en los expedientes, el 10 de abril de 2013, Chávez Madison hizo una modificación al contrato original para el suministro de mobiliario.
También, al equipo para el área administrativa del centro regional por esa cantidad. Transacción que se realizó a menos de dos meses de haber suscrito el contrato con Grupo Visión.
