Redacción. El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, interpondrá una denuncia a la institución financiera regional ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), por haberle realizado una supuesta deducción ilegal de 6,000 dólares (unos 148 mil lempiras) de sus prestaciones.
La deducción que le realizó el BCIE está registrada como un cobro de un reparo practicado por una auditoria interna de esa institución financiera regional.
Mossi afirmó que la decisión de interponer la denuncia es por el “desconocimiento absoluto de la Gobernanza corporativa” del BCIE al no entender que el Presidente Ejecutivo no es un subalterno de su directorio, ni de la actual presidente ejecutiva.
Asimismo, Mossi aseguró que él resultó electo por la asamblea de gobernadores del BCIE para ocupar ese cargo a partir del 1 de noviembre de 2018. Por ende, eran ellos los únicos facultados para aprobar sanciones administrativas en su contra.
Mossi plantea en los próximos días acudir a la Corte Centroamericana de Justicia porque el recurso de restitución de la retención presentado por su cuerpo de abogado fue declarado inadmisible y comunicado en un escrito firmado por la presidenta del Banco Centroamericano, Ana Guissella Sánchez Maroto.
Incluso, el expresidente del BCIE reveló recientemente en su cuenta de LinkedIn que no es el monto lo que le molesta. El desconocimiento absoluto de la Gobernanza corporativa del Banco es lo que le molesta, dijo.
Asimismo, Mossi confía que el fallo que pudiera emitir la Corte Centroamericana de Justicia “reitere el respeto al debido proceso. Y la seriedad de las instituciones alrededor del Sistema de Integración Centroamericana”.
Recurso de retención del dinero
El recurso de reposición presentado por los abogados de Mossi señala que la retención del dinero, la que se practicó el 19 de diciembre de 2023, se realizó al margen de la normativa interna del banco, contraviniendo el debido proceso y derecho a la defensa.
Asimismo, sostienen que el informe de la auditoría interna violentó el debido proceso que garantiza la norma del banco. Además se habrían atribuido facultades que no le corresponden porque estableció un reparo sin especificar detalles del supuesto proceso auditado.
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El recurso también señala que ese informe de auditoría debió estar remitido por el comité de gobernadores, quien debía decidir si lo sometía al debate o no.
“No hay resolución donde hace mención del mal procedimiento realizado que conlleva a la retención de los 6,000 dólares”, subraya el recurso.
