TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un juez con jurisdicción nacional dictó la medida de detención judicial al exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Rubí, acusado de delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, relacionados con compras sobrevaloradas de percoladoras y otros utensilios durante la emergencia del Covid-19 en 2020 en Honduras.
Rubí llegó este martes a eso de las 7:25 de la mañana bordo de un busito del Instituto Nacional Penitenciario (INP), a los juzgados capitalinos. Él portaba una camisa blanca y con un semblante que mostraba tranquilidad.
El exfuncionario se sometió este martes a dos audiencias en los Juzgados de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en la capital hondureña. Esto, debido a que le recaen dos requerimientos fiscales y dos acusaciones de parte del Ministerio Público.
Una de las audiencias la de declaración de imputado precisamente por el requerimiento fiscal que se le giró por la compra sobrevalorada de insumos como percoladoras y otros artículos, que no eran esenciales durante la emergencia del Covid-19. Fue tras esta donde se le dio la detención judicial y se agendo la audiencia inicial para jueves 17 de octubre a las 9:30 de la mañana.
Entre tanto, la segunda a la que acudió este martes es la inicial, por el caso de la compra sobrevalorada de ventiladores mecánicos. En este espacio procesal, la fiscalía presentará una carga de al menos 150 pruebas y continúa en desarrollo.
Tras la determinación del juez que conoce la causa, Gabriel Rubí continuará guardando prisión en la Penitenciaria Nacional de Támara, en el valle del mismo nombre en Francisco Morazán.
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Las acusaciones del MP
Gabriel Rubí enfrenta tres procesos judiciales en total y son:
- Compra de una carpa móvil para el municipio de Villanueva, Cortés.
- Adquisición de ventiladores mecánicos, mismos que nunca funcionaron y no sirvieron para atender la emergencia por el Covid-19, debido a que no tenían algunas piezas.
- La compra sobrevalorada de las percoladoras y otros electrodomésticos que no eran de primera mano para la situación que el país enfrentaba en 2020.
En el caso de los ventiladores, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), detalló que Rubí junto a un grupo de exfuncionarios de COPECO, perjudicaron al Estado de Honduras por 63 millones 839 mil 377 lempiras con 80 centavos.
Además, en este caso se acusa a: Lisandro Rosales, excanciller de la República; Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de COPECO.
Las investigaciones establecen que estas personas habrían manipulado el proceso de adquisición, además habrían realizado transferencias bancarias sin la debida documentación soporte. También, omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que se tuvo que hacer rápido, riguroso y transparente.
Las percoladoras
En cuanto a las percoladoras, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó el requerimiento ayer, lunes. La acción es en contra de exfuncionarios de COPECO, entre ellos Rubí, además de representantes legales de empresas de fachada, quienes adquirieron los productos sobrevalorados, todo en contra de la ley.
Los demás acusados en este caso son Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras de COPECO y Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero. A ellos se les supone responsables de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
También, están acusados Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas. Además de Junior Alexander Benítez Gonzáles, Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona por fraude.
Las investigaciones apuntan que el esquema de corrupción consistía en que algunos imputados simulaban ser funcionarios de COPECO, con la finalidad de aparentar que las negociaciones eran lícitas con una empresa distribuidora de productos.
Sin embargo, dentro de esa misma trama ocultaban las irregularidades y solicitaban que las ventas se facturaran a nombre de empresas de fachada, las cuales compraron los productos por un monto inicial de 7 millones de lempiras.
Pero luego COPECO en confabulación con las mismas empresas sobrevaloraron el costo de los productos y se adquirieron por un precio que supera los 12 millones de lempiras.
La diferencia es de más de cinco millones de lempiras del costo real al pagó que realizó COPECO a estas empresas. Según la fiscalía, esta red de corrupción estructurada en el ente de emergencia operó aprovechándose de la crisis que estaba atravesando la población hondureña.