Redacción. Un juez con jurisdicción nacional dictó la medida de detención judicial al exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, acusado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, delitos relacionados con compras sobrevaloradas de percoladoras y otros utensilios durante la emergencia del covid-19 en 2020 en Honduras.
Rubí llegó este martes a las 7:25 de la mañana a bordo de un busito del Instituto Nacional Penitenciario (INP) a los juzgados de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Portaba una camisa blanca, con un semblante que mostraba tranquilidad.
Se sometió a dos audiencias en los Juzgados de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en la capital hondureña. Esto, debido a que le recaen dos requerimientos fiscales y dos acusaciones de parte del Ministerio Público.
Una de las audiencias la de declaración de imputado fue por el requerimiento fiscal que se le giró por la compra sobrevalorada de insumos como percoladoras y otros artículos, que no eran esenciales durante la emergencia sanitaria pública. Al finalizar se le dio la detención judicial y se agendó la audiencia inicial para el jueves 17 de octubre a las 9:30 de la mañana.
Entre tanto, la segunda a la que acudió este martes es la inicial por el caso de la compra sobrevalorada de ventiladores mecánicos. En el espacio procesal, la Fiscalía presentó una carga de al menos 150 pruebas y continúa en desarrollo.
Tras la determinación del juez que conoce la causa, Rubí continuará guardando prisión en la Penitenciaria Nacional de Támara, en el valle del mismo nombre, en Francisco Morazán.
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Las acusaciones del MP
Gabriel Rubí enfrenta tres procesos judiciales en total:
- Compra de una carpa móvil para el municipio de Villanueva, Cortés.
- Adquisición de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron y no sirvieron para atender la emergencia del covid-19 debido a que no tenían algunas piezas.
- La compra sobrevalorada de las percoladoras y otros electrodomésticos que no eran de primera mano para la situación que el país enfrentaba en 2020.
En el caso de los ventiladores, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) detalló que Rubí junto a un grupo de exfuncionarios de Copeco perjudicaron al Estado de Honduras por 63 millones 839 mil 377 lempiras con 80 centavos.
Además, en el caso también están acusados Lisandro Rosales, excanciller de la República; Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de COPECO.
Las investigaciones establecen que estas personas habrían manipulado el proceso de adquisición, además habrían realizado transferencias bancarias sin la debida documentación soporte. También omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que se tuvo que hacer rápido, riguroso y transparente.
Las percoladoras
En cuanto a las percoladoras, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó el requerimiento el lunes 14 de octubre. La acción es en contra de exfuncionarios del organismo de protección civil, además de representantes legales de empresas de fachada, quienes adquirieron los productos sobrevalorados, todo en contra de la ley.
Los demás acusados en el caso son Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras de Ceopeco; y Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero. A ellos se les supone responsables de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
A la lista le siguen Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas. Así como Junior Alexander Benítez Gonzáles, Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona por fraude.
Investigaciones apuntan que el esquema de corrupción consistía en que algunos imputados simulaban ser funcionarios de Copeco con la finalidad de aparentar que las negociaciones eran lícitas con una empresa distribuidora de productos.
Dentro de esa misma red ocultaban las irregularidades y solicitaban que las ventas se facturaran a nombre de empresas de fachada, que compraron los productos por un monto inicial de 7 millones de lempiras. Pero luego Copeco, en confabulación con las mismas empresas, sobrevaloraron el costo de los productos y se adquirieron por un precio que supera los 12 millones de lempiras.
La diferencia es de más de cinco millones de lempiras del costo real al pagó que realizó a estas empresas. Según la Fiscalía, la red de corrupción estructurada en el ente de emergencia operó aprovechándose de la crisis que estaba atravesando la población hondureña.