Redacción. Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) confirmaron este viernes la baja inmediata de seis de sus miembros implicados en un violento altercado ocurrido la noche del jueves en la comunidad de Cofradía, Francisco Morazán.
En dicho enfrentamiento entre agentes de las FF. AA. y pobladores, al menos cuatro personas resultaron heridas.
Según declaró en exclusiva para Diario Tiempo el capitán de las FFAA, Mario Rivera, los militares fueron remitidos esta tarde al Ministerio Público para rendir cuentas por lo ocurrido.
Además, se les canceló el contrato por “faltas a la ética, el honor y el prestigio militar”, afirmó el capitán Rivera.
El incidente inició cuando, según testimonios de vecinos, dos uniformados en presunto estado de ebriedad habrían interceptado a varios jóvenes en motocicleta y les exigieron dinero.
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Ante la negativa, los militares reaccionaron de forma violenta, agrediendo a los ciudadanos y realizando disparos al aire, lo que provocó pánico generalizado en la zona.
La situación se intensificó cuando los pobladores intentaron enfrentar a los agentes, quienes se refugiaron en un destacamento militar cercano. En represalia, los vecinos incendiaron las motocicletas de los militares y lanzaron piedras contra las instalaciones donde se escondían.
Reacción de los pobladores
Videos grabados por habitantes muestran las motocicletas en llamas y el caos que se desató en el lugar.
En las imágenes también se puede observar a la multitud exigiendo justicia y la presencia de la Policía Nacional, que tuvo que intervenir para evitar una tragedia mayor. A pesar de su llegada, los elementos militares se negaron a salir del destacamento.
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El comportamiento de los agentes ha sido fuertemente cuestionado por la comunidad, que denuncia un abuso de autoridad y exige sanciones ejemplares. “Los militares deben protegernos, no agredirnos ni atemorizarnos”, reclamó uno de los afectados.
Este nuevo escándalo vuelve a poner bajo la lupa la conducta de algunos cuerpos de seguridad y reaviva el debate sobre el control y supervisión en las filas militares. Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva y transparencia en el proceso judicial que enfrentan los exuniformados.
