Redacción. Tras varias investigaciones, el Ministerio Público (MP) consiguió que las autoridades judiciales declararan culpables a dos exagentes de la Policía Nacional por estar implicados en un secuestro agravado y allanamiento en calidad de funcionarios públicos.
A los acusados se les identificó como Orlin Antonio Ortez Fúnez, quien tenía el rango de subinspector, y Jassen Francisco Velásquez Cabreras, un exagente depurado de la Policía Nacional.
A través de un acuerdo de estricta conformidad, el MP presentó el caso ante los tribunales, resultando en una condena de 18 años de cárcel para Ortez Fúnez, exsubinspector, y 14 años de prisión para Velásquez Cabrera, exagente depurado.
La banda criminal a la que pertenecían los acusados operaba en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. Esto fue confirmado por las investigaciones realizadas por la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la FESCCO.
En la misma causa penal, ya se habían dictado condenas contra otros miembros del grupo: Daniel Esaú Torres Mendoza, agente policial, y Marvin Daniel Salinas Ramírez, quien estaba asignado como conductor de un diplomático de una embajada.
Secuestro en el que participaron los dos agentes
El caso en cuestión ocurrió en junio de 2022, cuando los acusados irrumpieron en la vivienda de un comerciante, alegando realizar labores propias de su cargo como policías. Sin embargo, todo resultó ser una simulación.
Tras llevarse al comerciante a bordo de un vehículo Toyota Hilux, color gris oscuro, lo mantuvieron cautivo durante varias horas. Exigieron inicialmente 100 mil lempiras a cambio de su liberación.
Finalmente, la cantidad acordada fue de 70 mil lempiras, los cuales fueron entregados por un tercero.
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Las autoridades iniciaron la investigación al conocerse el hecho. Tras recolectar pruebas clave, como videos que documentaban la dinámica del secuestro y vaciados telefónicos de los involucrados, el Ministerio Público presentó la acción penal correspondiente.
Este caso pone en evidencia la infiltración de agentes del orden en actividades criminales. Además, subraya el compromiso de las autoridades en desmantelar organizaciones delictivas que operan con el uso de la autoridad pública para cometer delitos