Redacción.- El Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción declaró este viernes culpables a seis exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) por delitos de fraude en el denominado caso “Corrupción sobre ruedas”.
La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, detalló que el tribunal declaró culpable a la ciudadana Karol Alvarado por violación a los deberes de los funcionarios. Asimismo, por los delitos de fraude continuado a título de cómplice, estafa y otros fraudes.
Durante la administración de Hernández, Alvarado laboraba como gerente financiera de Casa Presidencial y jefa de presupuesto de SEDIS. Por el caso, Castillo informó que «la ciudadana (Alvarado) continuará con medidas sustitutivas».
De igual manera, declararon culpables por delitos de violación a los deberes de los funcionarios a David Eduardo Ortiz Hawit (gerente financiero de BANADESA), Juan Ramón Maradiaga Franco (exgerente administrativo de BANADESA), Elmer Ordóñez Espinal (jefe de control interno de BANADESA) y Gonzalo Molina Solórzano (jefe de proveeduría de BANADESA). Los acusados se mantienen con medidas cautelares.
Mientras tanto, resultaron absueltos Harvys Herrera Carballo (exgerente administrativo de Casa Presidencial) y a Carlos Josué Romero (excoordinador del Proyecto PRAF-BANADESA).
En tal sentido, se fijó la audiencia de individualización de la pena para el próximo viernes 28 de junio a las 9:00 de la mañana.
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«Corrupción sobre ruedas»
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), en el caso «Corrupción sobre ruedas» el primer medio que se usó para drenar los fondos fue BANADESA con el llamado «Bono 10 Mil«.
Según las investigaciones, la acción se realizó empleando una empresa de fachada (Servicios e Inversiones AID) creada por las cómplices necesarias Carol Alvarado y Claudia Noriega para el manejo de fondos destinados al financiamiento de campañas políticas.
Dicho dinero se utilizó entre el 4 de julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014, con un monto gastado de 11 millones 401 mil 151 lempiras. Estos los retiraron mediante 104 débitos, de acuerdo al MP.
El segundo mecanismo detectado por la Fiscalía, fue el arrendamiento de vehículos que los acusados realizaron con fondos destinados al «Bono 10 Mil». Esto, bajo el argumento que un funcionario murió asesinado cuando andaba entregando el referido bono. Por lo tanto, se procedió a la contratación de vehículos blindados.
El alquiler de los autos se pagó por la empresa AID mediante cheques no negociables por un monto de 4 millones 154 mil 20 lempiras. Los automotores eran usados por personajes políticos que andaban en campaña política.
Según el MP, la empresa AID era de fachada y a nombre de la misma también se extendieron cheques por concepto de publicidad y propaganda. Además, se trasladaban recursos a las cuentas personales de Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, para pagar incluso sus tarjetas de crédito.
Igualmente, a nombre de AID se extendieron recursos que sirvieron para pagar gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo de 2014.
