Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional busca la aprobación de un convenio de crédito entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Gobierno de la República, por un monto de 150 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a 197,525,940.70 dólares (más de 5,135 millones de lempiras).
De acuerdo con el dictamen, emitido por la comisión correspondiente y que está listo para someterse al tercer y último debate, el financiamiento busca respaldar el Programa de Reforma Económica e Institucional que impulsa el Poder Ejecutivo.
Según el documento, los recursos se destinarían al fortalecimiento de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica, el incremento de las reservas internacionales y la cobertura del déficit fiscal, evitando recurrir a financiamiento interno que podría generar presiones inflacionarias.
El dictamen también señala que la aprobación del convenio permitirá al Estado cumplir con obligaciones financieras sin poner en riesgo programas sociales, proyectos de infraestructura, pago de salarios del sector público y el servicio de la deuda, garantizando liquidez y sostenibilidad fiscal.
El convenio fue firmado el 19 de febrero de 2025. Según el informe legislativo, representa una “decisión estratégica” para el desarrollo económico del país.
No es el primero
Durante la actual administración, este no sería el primer préstamo del BCH que el Poder Legislativo aprueba al Ejecutivo.
En agosto del año 2022, se aprobó un convenio de préstamo con el BCH de mil millones de dólares. Ese dinero estaba destinado a inversión pública de reparación de escuelas, construcción de hospitales y la construcción de represa El Tablón, en el Valle de Sula, entre otros proyectos.
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Críticas y advertencias
Sin embargo, el economista Walter Romero cuestionó la conveniencia del endeudamiento, especialmente en un año electoral y a menos de cuatro meses para el cierre del ejercicio fiscal.
“Según el gobierno, es para fortalecer las finanzas públicas y fomentar el desarrollo económico. Pero no existe un plan detallado que respalde ese discurso; lo que hay es un apoyo presupuestario general, sin proyectos definidos, sin indicadores de impacto y sin metas claras”, advirtió.
Romero alertó que este tipo de recursos podrían terminar cubriendo gasto corriente. Explicó que, incluso, podrían llegar a emplearse para campañas políticas o sostener redes de clientelismo, en lugar de invertirse en infraestructura, generación de empleo o servicios esenciales.
“No hay medicinas en los hospitales, la infraestructura escolar está deteriorada. Ahí es donde deberíamos enfocar el presupuesto, no en endeudarnos para sostener el alto gasto corriente”, enfatizó.
El economista también señaló la falta de transparencia como un riesgo grave para la correcta administración de los fondos.
“Si no se establece un plan de ejecución con licitaciones abiertas y auditorías a priori del TSC, la corrupción seguirá permeando. Y esta deuda no traerá beneficios reales para los hondureños”, subrayó.
El proyecto de decreto, que será discutido en el pleno legislativo, deberá obtener el respaldo de 65 diputados para su aprobación definitiva.
