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jueves, marzo 28, 2024

Critican falta de transparencia en decretos de emergencia aprobados por el Ejecutivo

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HONDURAS. En las últimas horas, el Gobierno declaró emergencia por riesgo de hambruna en todos los municipios del Corredor Seco ante el estado de sequía, en respuesta a la solicitud del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

La declaración de emergencia a nivel del Corredor Seco, parte desde ayer martes hasta el 31 de diciembre del presente año.

Cabe recordar, que hace unas semanas el Gobierno en vez de declarar emergencia, activó un plan para asistir a unas 16 mil familias de 41 municipios. En contraste, las cifras del SINAGER detallaron que existen unas 170,300 familias perjudicadas por la sequía.

A efecto de eso, el diputado de Libertad y Refundación (LIBRE), Carlos Zelaya, dio sus consideraciones en cuanto al tema.

Zelaya explicó que ellos en el Congreso presentaron un proyecto al cual le cambiaron la palabra emergencia por urgencia. Eso, porque históricamente de los decretos de emergencia, se han aprovechado para quedarse con la mitad del dinero, recursos que son para apoyar a la gente necesitada.

“Cuando se menciona la palabra emergencia no se licita, se hacen compras directas y de eso se aprovechan los políticos y la gente que está en el Gobierno para hacer fiesta. Se debe apoyar a la gente porque el problema de la sequía es real. Las cosechas se perdieron en muchos lugares y el gobierno debe tomar acciones”, consideró el congresista.

Nota relacionada: Por riesgo de hambruna y ante sequía declaran emergencia en Corredor Seco

“Fondos de decretos de emergencia deben ser transparentados por veedores”

El parlamentario dijo que para el manejo de esos fondos de los decretos de emergencia, se deben nombrar veedores, personas que puedan certificar que esas ayudas lleguen a la gente que verdaderamente perdió sus cosechas, para que así resarcir todas las pérdidas.

“El decreto presentado en el CN se basó en la sequía y en el apoyo para la zona de Intibucá, productores de la etnia Lenca. Sin embargo, en la discusión se aprobó una moción que se dijo que abarcara todo el país porque había problemas. Se dio una incitativa a la SAG que es la que coordina esas cosas. Eso, para que levantaran un inventario de los lugares donde habían problemas y que se aprobaran fondos de urgencia. Lo anterior, tratando de que no se hiciera fiesta de esos fondos y que no fueran a parar a manos de los quienes no los necesitan y se hagan actos de corrupción con ellos”, reiteró.

De ese modo, estableció que los entes contralores deberían de verificar que los fondos lleguen donde realmente se necesitan.

“Aquí en Honduras los entes contralores son personas del mismo Gobierno, gente puesta por los mismos políticos que manejan las cosas. Al final no va a pasar nada, la historia nos dice otras cosas al igual que la práctica, ojalá ahora lo hagan y que verifiquen que las ayudas lleguen a quienes los necesiten”, puntualizó.

Olancho, uno de los departamentos azotados por la sequía

Por otro lado, el legislador de LIBRE señaló que en Olancho la sequía siempre golpea a los mismos sectores, el grande productor ubicado en el Valle de Guayape que es uno de los más productivos. Ellos tienen cómo resolverse porque muchos tienen sistemas de riego y posibilidades de comprar productos para resolver sus problemas. Mientras que, la sequía siempre va a pegar a los pequeños productores del sector norte de Olancho, zona donde más pobreza hay, ellos son los más afectados.

Honduras es un país mayor productor de granos básicos. Y, actualmente vive en crisis permanente porque no tiene apoyo del gobierno. Más bien le hace competencia cuando hacen esas grandes importaciones de granos básicos.

Rodulio Perdomo: “En Honduras se ha dado un abuso de las emergencias”

Por su parte, el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Rodulio Perdomo, explicó en qué consiste un decreto de emergencia.

En ese sentido, Perdomo, dijo que en el país se ha estado registrando el abuso de las emergencias para fines propiamente presupuestarios. Lo anterior, quiere decir que una emergencia amerita una ampliación presupuestaria. Lo que da lugar a un endeudamiento a cortísimo plazo.

“Recuerdo cuando hubo una pequeña inundación que se llevó 14 casas en Cedeño, aprovechando que el Gobierno contrató un préstamo sindicado entre banco Atlántida y Ficohsa por 900 millones de lempiras, dinero que supuestamente era para atender a los damnificados. Pero finalmente, ese dinero, pasó un año dos años y ese dinero nunca se utilizó. La parte desagradable del asunto es que ese dinero quedo depositado a plazo fijo en esos dos bancos y el depósito generó intereses millonarios por tener depositado esos 900 millones. Pero el dinero no se utilizó o se utilizó una pequeña parte. El Tribunal Superior de Cuentas hizo una investigación demostrando que los intereses que habían pagado los dos bancos no estaban reflejados en ninguna cuenta del gobierno. Eso dio para especular que la emergencia había permitido un endeudamiento contingente que nunca se utilizó para atender a la población afectada”, comentó el entendido en el tema.

De ese modo, remarcó que la parte negativa de un decreto de emergencia es que permite el endeudamiento no programado y los recursos nunca llegan a su destino.

“El corredor seco tiene más agua que Israel”

En relación con la sequía, el economista dijo que el problema del Corredor Seco se resuelve de una manera concreta.

“La precipitación de la lluvia en el Corredor Seco es cinco veces más grande que la que cae en Israel, y en Israel a pesar de ser desértico en su mayoría, ha logrado cosechar agua. Así como también en generar cultivos durante toda la estación. En el caso del Corredor Seco, el problema pasa por tener presas y sistemas de cosechas de agua. Eso puede ayudar a enfrentar la carencia de ese fenómeno que es cíclico. Allí se sabe que todos los julios y agosto las milpas se pierden”, expuso el analista.

Por tal razón, Perdomo estableció que desafortunadamente en Honduras no se tiene una buena planeación. Eso, porque ya no se tiene una Secretaría de planeación.

“Lo que hay es una coordinación general de Gobierno, generalmente manejada por abogados y ellos no logran entender las crisis emergenciales a que nos vemos sometidos.

En tanto, todos los años, el Ulúa se desborda, se gastan millones de lempiras para hacer bordas y tenemos 25 años de hacer bordas, cuando lo sencillo de hacer es lograr que las montañas que están alrededor del Valle de Sula tenga pequeñas represas. Eso, para evitar que el causal del Ulúa se llene en vez de estar botando el dinero de esa manera”, puntualizó.

“Los decretos de emergencia solo denotan la pobre planificación del gobierno”

En ese sentido, Perdono remarcó que eso sólo denota la pobre planificación que hay en Honduras. Lo anterior, porque el endeudamiento no está programado, sino nuevo.

“Si hubiera voluntad de trasparentar esos decretos de emergencia al mes de contratar el empréstito, se diría, mire aquí está la utilización de ese empréstito. Aquí esta la familia recibiendo un cheque de 100 mil lempiras para que reparen sus milpas, sus viviendas. Eso deja mucha suspicacia. Es frecuente que esos decretos de emergencias permiten la compra de equipo e insumos sin licitación. Ahí aumenta todavía la sospecha de quiénes se benefician con esos decretos de emergencia”, aseveró.

La ley de Administración pública establece las competencias de las diferentes instituciones.

Ahí está lo que corresponde a CESIN, al Ministerio de planificación. Entonces, cuando se cancela el sistema de planificación en el primer Gobierno de Juan Orlando Hernández hace cinco años. Allí se cierra la planificación y al no existir la planeación que es adelantarse a los problemas.

El decreto de emergencia es aquello que las competencias no pueden resolver. Y viene a llenar esos vacíos.

“No podemos estar generando decretos de emergencia por cualquier cosa, simplemente una buena planeación. La sequía es un problema cíclico todos los años se tiene sequía en el corredor seco”, reafirmó Perdomo.

“La sociedad civil debe transparentar los recursos de los decretos de emergencia”

Asimismo, indicó que la veeduría de esos decretos le corresponde a la ciudadanía y a la sociedad civil, que son las personas que pueden perfectamente solicitar ser mediadores de esos recursos. Eso, porque el derecho de petición está plasmado en la constitución y les asiste.

“Pero como tenemos una sociedad civil tan atomizada y fragmentada, se ha venido cansado de hacer recursos de inconstitucionalidad, de solicitar que se eliminen la Ley de Secreto y no les hacen casos. Vivimos en una democracia autoritaria, hay poco nivel de participación real de la sociedad civil. Hay participación real de una sociedad civil que es a fin con el Gobierno;pero la sociedad civil que hace un poco de contrapeso más bien la quieren criminalizar. El problema de la corrupción es sistémica y esa característica hace que la fuerza capaz de impactar ese sistema de corrupción sea bien pequeño.

Se tienen avances por la presión de Estados Unidos. Pero si no hubiera esa presión estuviéramos sin MACCIH, sin Pandora y sin nadie que esté en la cárcel por el caso del Seguro”, concluyó el entrevistado.

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