Tegucigalpa, Honduras.– En menos de 24 horas, dos hechos judiciales y políticos de alto impacto han colocado a Honduras en el centro de acusaciones internacionales y nacionales, despertando la suspicacia de distintos sectores que resaltan la falta de credibilidad en el Ministerio Público (MP).
El primero es una denuncia de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluye supuestos vínculos con Honduras. El segundo es el anuncio del fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, sobre un presunto plan para asesinar al expresidente José Manuel Zelaya Rosales.
Denuncia de Estados Unidos
En horas de la tarde del miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico que, según las autoridades estadounidenses, tendría conexiones con Honduras.
La denuncia fue realizada en una entrevista con Fox News, desde el Departamento de Justicia, donde Bondi informó de la confiscación de 700 millones de dólares en activos al mandatario venezolano.
La funcionaria aseguró que “el gobierno venezolano está tomado por el crimen organizado y los cárteles de droga liderados por Maduro que inundan las calles de Estados Unidos de drogas mortales, crimen y caos”.
Bondi afirmó que existe un “Air Bridge” o puente aéreo pagado por Venezuela hacia Honduras, Guatemala y México.
“Hay un Air Bridge donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado hacia Honduras, luego Guatemala y México, donde pueden traficar estas drogas y también están intercambiando dinero por armas para los puertos de entrada y el espacio aéreo de los Estados Unidos”, detalló.
Conspiración contra Zelaya
En la mañana de este jueves, el fiscal general Johel Zelaya informó sobre la captura de tres personas implicadas en un presunto plan criminal para asesinar al expresidente José Manuel Zelaya Rosales y alterar el orden democrático.
Según Zelaya, se trata de “un caso sin precedentes en la historia reciente de Honduras”. Agregó: “Este caso no solo expone delitos graves, sino que confirma la existencia de una conspiración que di a conocer con indignación el pasado 30 de julio”.
El supuesto plan buscaba, según el titular del MP, “paralizar el Estado, alterar el orden constitucional y poner en riesgo la paz social y la democracia”, con el objetivo de impedir las elecciones generales de 2025.
Los acusados fueron identificados como Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Catán Rivera.
Crisis
Los expertos cuestionaron la cronología de los hechos. El politólogo Héctor Soto consideró que la denuncia del Ministerio Público evidencia un riesgo para el expresidente Zelaya y requiere acción inmediata.
“Estamos hablando de que está en juego la vida de una persona que tiene un impacto político muy fuerte en el país. Cualquier amenaza de estas debe ser disuadida a la mayor brevedad posible. El país ya sabe lo que es crisis política como en el 2009 y el 2017”.
Sobre la denuncia de la fiscal de Estados Unidos, Soto señaló que “No se está señalando nombres ni altos mandatarios. Creo que el gobierno de Honduras tiene la oportunidad de colaborar con la justicia de Estados Unidos y evidenciar a esos actores en el país que tienen colaboración con el narcotráfico”.
Para el analista, tanto el oficialismo como la oposición reaccionan con suspicacia. “Lo que estamos viendo es cómo la polarización y disputa electoral se ha trasladado al ámbito internacional, con actores como Venezuela y Estados Unidos comenzando a influir en el tema electoral”.
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¿Cortina de humo?
El analista político Luis León advirtió que ambos temas deben evaluarse de forma independiente. “Es obvio que Honduras es un país de tráfico de droga de todos los carteles de América del Sur. En algún momento llegamos a pasar el 80 % de la droga del sur; no es algo nuevo”, dijo.
León expresó preocupación por la forma en que el fiscal presentó el caso. “Sí me preocupa que el fiscal general presente un caso como de planificación de asesinato, con evidencia que no debió haber hecho pública porque es evidencia de un proceso judicial y que eso contamina el proceso”, indicó.
Agregó: “he escuchado ciudadanos muy hondureños hablando como hablan todos los hondureños, claro, estar hablar de matarlo, eliminar el mal, no es correcta, pero no presenta un proceso de planificación de asesinato”.
Al analista le despierta preocupación que sea un caso débil y lo utilicen «como una cortina de humo. En Honduras el político que se victimiza, es uno que canaliza votos y pudría tener una intención de ese tipo”.
Además, cuestionó que Zelaya haya vinculado el caso al tema electoral, cuando son temas aislados. Añadió que el Ministerio Público debe demostrar que no está actuando con fines políticos.
“No es nuevo que los fiscales se presten a la manipulación política porque llegan con compromiso. Espero que ese beneficio de la duda no lo esté ensuciando”, señaló.
MP no tiene credibilidad
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, cuestionó abiertamente la actuación del Ministerio Público.
“Este Ministerio Público no ha tenido confianza ni credibilidad. Hoy tenemos un fiscal general que no está dejando ninguna duda que va a actuar en consecuencia con los intereses del partido Libre”, manifestó.
Castellanos también puso en duda la magnitud de la amenaza. “Se grabó una conversación de personas que en apariencia no parecen estar vinculadas a estructuras orgánicas para este tipo de acciones. Habría que ver si tenían una orden judicial para intervenir el teléfono”, apuntó.
Recordó que, desde el 2009, “el grupo familiar y el grupo político no solo tiene (a su favor) la inteligencia hondureña, sino también inteligencia cubana, venezolana y nicaragüense”. Lo que haría difícil planificar un ataque sin que los detecten, manifestó Castellanos.
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