Redacción. Con el proceso electoral en marcha, Honduras se encamina hacia una de sus etapas más estrictas: el silencio electoral. Esta medida, contemplada en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), prohíbe cualquier tipo de propaganda política en los cinco días previos a los comicios, tanto primarios como generales.
Durante este período, quedan restringidas las manifestaciones públicas, la divulgación de encuestas o sondeos de opinión y la difusión de material político en cualquier formato, incluyendo medios impresos, audiovisuales, electrónicos y radiofónicos. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), los precandidatos deberán cesar toda actividad de campaña a partir de la medianoche del martes 4 de marzo.
A pesar de estas limitaciones, el artículo 149 de la LEOP permite a los aspirantes utilizar los medios de comunicación exclusivamente para informar sobre sus programas de gobierno, sin incurrir en promoción electoral.
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Objetivo y sanciones por incumplimiento
El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora CNE, Augusto Aguilar, indicó que esta normativa busca generar un ambiente de tranquilidad en los días previos a las elecciones. Destacó que, para ese momento, la mayoría de los votantes ya han tomado una decisión, por lo que el silencio electoral pretende reducir enfrentamientos en redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos. También, se prohíben concentraciones y marchas con fines proselitistas para minimizar cualquier tipo de tensión entre los ciudadanos.
Sin embargo, Aguilar señaló que algunos actores políticos buscan evadir las restricciones. Para evitarlo, la LEOP establece que quienes infrinjan la normativa podrán ser sancionados con una multa equivalente a 40 salarios mínimos.
Del mismo modo, reveló que cualquier ciudadano tiene la facultad de denunciar ante el CNE a aquellos candidatos que continúen realizando propaganda durante este período. Para que la sanción proceda, la denuncia debe estar respaldada con pruebas verificables.
Con la aplicación de estas disposiciones, Honduras busca garantizar un proceso electoral justo y equitativo, permitiendo que la población acuda a las urnas sin presiones de última hora.
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