TEGUCIGALPA, HONDURAS. «El Ministerio Público (MP) puede apelar el sobreseimiento definitivo que un juez emitió a favor de los exmiembros Consejo de La Judicatura», así lo expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.
«Nosotros estamos obligados a respetar las decisiones de los jueces de los órganos de persecución penal. En este caso, el Ministerio Público tiene la posibilidad de solicitar en un tribunal de alzada la revisión o modificar el fallo», refirió Argueta.
«Lo que abogamos es porque las decisiones sean apegadas a la ley y a la prueba que se presente en cada uno de los procedimientos», agregó el togado.
Según el titular del Poder Judicial, desde 2016 se instaló un equipo técnico que realizó las investigaciones sobre ese caso. Se emitieron tres informes que señalaban varias irregularidades.
«Nosotros continuamos haciendo lo propio a efecto de corregir las irregularidades y de establecer los lineamientos necesarios para efectivizar la administración del Poder Judicial y que no se vuelva a cometer una situación tan reprochable como la que dejó el Consejo de la Judicatura en la institución», aseguró el funcionario.
Sobreseimiento definitivo
Un Juez de Letras de lo Penal en materia de corrupción dictó el mediodía de ayer martes sobreseimiento definitivo a favor de los exmiembros del Consejo de la Judicatura.
A los sobreseídos los acusaban por más de 600 delitos de corrupción al desviar fondos del Poder Judicial en su gestión, de octubre de 2013 a febrero de 2016.
Estaban imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y falsificación de documentos privados. Según la investigación del MP, ellos desviaron L 13.5 millones en materia de viáticos que no liquidaron.
Los sobreseídos
La resolución del juzgado favoreció al expresidente de la CSJ y del extinto Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés, también al ex vicepresidente del extinto órgano, Teodoro Bonilla, señalado por 88 delitos de malversación de caudales públicos.
Además, quedaron absueltos Julio César Barahona, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Maldonado y Celino Aguilera. Todos se defendían en libertad tras una resolución de cambio de medidas del año 2018.
Penas que enfrentaban
Jorge Rivera Avilés, por los 60 delitos de malversación de caudales públicos, enfrentaba una pena mínima de 360 años y una máxima de 720 años. Por los 131 delitos de abuso de autoridad, de 393 años a 786 años, para un total de entre 753 años y 1,506 años en la prisión.
Bonilla, en cambio, enfrentaba una condena mínima de 528 años y máxima de 1,056 años. Por los 14 delitos de abuso de autoridad podría haber recibido entre 42 y 84 años, de modo que, que al unir ambas penas, la mínima sería de 570 años y la máxima de 1,140.
Julio Barahona, por su lado, enfrentaba una mínima de 402 años y una máxima de 804 años. En cuanto a José Quiroz, acusado de 93 delitos de malversación de caudales públicos, las penas oscilaban entre 558 y 1,116 años.
Liliam Maldonado, entre 402 y 804 años, y Celino Aguilera, de 469 y 477 años en prisión.
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