Tegucigalpa, Honduras. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional, desestimó en las últimas horas dos recursos en contra de las reformas a Ley del Presupuesto.
Dichos amparos judiciales fueron interpuestos semanas atrás por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
En ese sentido, el director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó sobre la determinación de la Sala de lo Constitucional. “La decisión es de declarar inadmisible estos dos recursos de inconstitucionalidad a los artículos 123 y 238 de la Ley de Presupuesto General”, manifestó Duarte.
Al mismo tiempo, el funcionario indicó que la CSJ rechazó las acciones de inconstitucionalidad; por considerar que el CNA y la ASJ “no tienen el interés directo, personal ni legítimo para presentar esta acción”.
Sin embargo, Duarte confirmó que la Sala de lo Constitucional aceptó el recurso de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público. Esto, debido a que es el ente autorizado de representar los intereses generales de la sociedad.
Es oportuno mencionar que el exjefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, denunció que el anterior parlamento reformó ambos apartados.
Ello, con el objetivo que los diputados involucrados en supuesta corrupción no fueran sujetos de persecución penal.
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El “Pacto de la Impunidad”
La Misión de Apoyo la bautizó como “Pacto de la Impunidad”. Es oportuno recordar que la votación para estas reformas se valió de 83 votos a favor y 13 abstenciones. Además de cero en contra, 27 no votaron y 5 no asistieron.
La clave de la supuesta impunidad señalada en esta reforma se encuentra en la última parte del artículo 131. En este articulado se determina que la acción penal contra los sospechosos solo procede así:
“Hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga carácter de firme y ejecutada, no procede ninguna acción judicial”, cita la reforma.
Cabe señalar que lo anunciado y aprobado en esa última legislatura no coincide con lo publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
En ese sentido, el Congreso Nacional y la MACCIH han estado enfrentados por dichas reformas a la Ley del Presupuesto. De acuerdo a la MACCIH, la reforma impide al MP investigar el manejo de los subsidios entregados a los diputados.
La reforma, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), investigar el destino de los fondos para diputados y organizaciones no gubernamentales entregados por el Poder Legislativo.
La investigación alcanzará los períodos del 2006 al 2018, concediéndole además tres años para emitir dictamen. También limita la intervención del MP, mientras las investigaciones del ente contralor no hayan concluido.
En su momento, Jiménez Mayor aseguró que las reformas impiden que sean investigados otros diputados. Así como los cinco que se enjuiciaron y cuyo caso se archivó. De la misma forma, trasladado al TSC para que continúen las acciones administrativas.
